La decisión fue confirmada por el superintendente de Salud, Daniel Quintero, quien aseguró que el fallo obliga a restituir de manera inmediata e integral la administración de la EPS al Gobierno nacional, mientras avanzan los procesos judiciales y administrativos relacionados con la entidad.
Semanas atrás, el mismo tribunal había ordenado entregar nuevamente la EPS a sus antiguos administradores tras resolver solicitudes de aclaración y adición sobre la medida cautelar que suspendió la intervención de la Supersalud. En esa decisión se había reconocido como responsables legítimos de la administración a Jaime Miguel González Montaño y Natalia Largo González.
Sin embargo, con la nueva determinación judicial, el control vuelve otra vez al Estado. Según explicó Quintero, el tribunal también ordenó adoptar medidas técnicas, administrativas y financieras para corregir las fallas estructurales identificadas por organismos de control.
“El tribunal nos instruyó a adoptar las medidas necesarias para superar las falencias identificadas por la Procuraduría y la Contraloría”, afirmó el funcionario.
La Supersalud anunció que en las próximas horas designará un nuevo agente interventor encargado de administrar la EPS y garantizar la continuidad de los servicios de salud para más de tres millones de afiliados.
“Designaremos un nuevo gerente y agente interventor encargado de asegurar la atención y el derecho a la salud de los usuarios”, indicó Quintero.
El proceso contará además con acompañamiento de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, entidades que harán seguimiento a las actuaciones derivadas de la nueva etapa de intervención.
Tras conocerse el fallo, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X y pidió investigar al juez que anteriormente devolvió la administración de Coosalud a sus antiguos directivos.
“Ya se demostró que el juez de Bolívar que le devolvió Coosalud a quienes la desfalcaron debe ser investigado por la autoridad competente”, escribió el mandatario.
Petro también cuestionó otras decisiones judiciales relacionadas con recursos del sistema de salud y mencionó el caso de la Nueva EPS, asegurando que algunos jueces deberían ser investigados por actuaciones relacionadas con embargos a recursos públicos destinados a la atención médica.

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