Tribunal admite tutela contra el CNE por solicitud de revocatoria de candidatura de Paloma Valencia

El Tribunal Superior de Bogotá admitió una acción de tutela presentada contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por una presunta falta de respuesta frente a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura presidencial de Paloma Valencia.

La actuación judicial se originó luego de que el ciudadano Mauricio Villegas Londoño radicara una petición ante el CNE solicitando la revocatoria de la inscripción de la candidata del partido Centro Democrático para el periodo presidencial 2026-2030. Según el documento, el demandante considera que durante el proceso interno de selección de la candidata se habrían presentado presuntas irregularidades relacionadas con la democracia interna de los partidos políticos.

Aunque el ciudadano recibió el número de radicado de su solicitud, posteriormente interpuso una tutela el 22 de mayo argumentando que no obtuvo respuesta sobre el avance del trámite, incluyendo actuaciones como reparto, admisión, rechazo o cualquier otra decisión relacionada con el caso.

La tutela fue aceptada mediante auto fechado el 25 de mayo y notificado el 26 de mayo con carácter urgente. El alto tribunal ordenó correr traslado a las partes involucradas y concedió un plazo de un día para pronunciarse sobre los hechos expuestos.

Como partes vinculadas dentro del proceso judicial fueron incluidos el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el partido Centro Democrático y la candidata Paloma Valencia.

De manera paralela, el demandante solicitó a la Procuraduría General de la Nación ejercer vigilancia especial sobre las actuaciones del CNE en este caso e informó también al Ministerio del Interior, entidad encargada de la Comisión de Seguimiento Electoral de circunscripción nacional.

El caso tomó relevancia pública desde el 19 de mayo, cuando Villegas Londoño —antiguo fundador y exmilitante del Centro Democrático— presentó formalmente la solicitud de revocatoria ante el organismo electoral.

Entre los argumentos expuestos, el demandante cuestiona el proceso interno de escogencia de la candidatura presidencial, señalando posibles inconsistencias frente al Estatuto del partido, la Constitución Política y la Ley 2494 de 2025, conocida como Ley de Encuestas.

Asimismo, criticó el número de participantes incluidos en la encuesta interna utilizada por el partido para definir la candidatura. Según afirmó, el universo consultado habría sido reducido frente al total de militantes registrados en la colectividad política.