La movilización tendrá como principal escenario la ciudad de Bogotá, donde las concentraciones iniciarán a las 11:00 a. m. frente al Edificio Colpatria y avanzarán hacia la Plaza de Bolívar y el Palacio de Justicia. De manera simultánea, se desarrollarán protestas en ciudades como Valledupar, Cartagena, Popayán, Montería y Sincelejo.
Los convocantes aseguran que el paro surge ante el temor de que el Congreso no apruebe antes del 20 de junio el proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria y Rural. De no avanzar la iniciativa en Cámara y Senado, la normativa se archivaría y quedaría en suspenso la creación de los juzgados agrarios previstos para 2027.
Las organizaciones sociales sostienen que la discusión legislativa actual pone en riesgo las funciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según voceros campesinos, un reciente documento de la Corte Suprema de Justicia plantea limitar las facultades administrativas de la ANT para identificar, recuperar, administrar y adjudicar baldíos de la Nación, lo que consideran un retroceso para la reforma rural.
“Defender la Jurisdicción Agraria y Rural, la Reforma Agraria y el acceso de los campesinos a una justicia especializada sobre conflictos de tierra” es el principal objetivo de la movilización, afirmaron los sectores convocantes.
El presidente Gustavo Petro respaldó públicamente las protestas y llamó a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes a movilizarse en defensa del acceso a la tierra. El mandatario advirtió que el estancamiento del proyecto en el Congreso podría generar retrocesos históricos en materia agraria.
“La jurisdicción agraria pedida en el acuerdo de paz es para acelerar la solución a los conflictos de tierras en Colombia y no debe ser transformada en instrumento para retrasar las soluciones”, expresó Petro a través de sus redes sociales.
El jefe de Estado también alertó sobre los riesgos de mantener la concentración de tierras y la inseguridad rural, señalando que la falta de avances legislativos podría “volver a la violencia de mediados del siglo XX”.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, explicó que la adjudicación de baldíos continuará siendo una facultad del Estado a través de la ANT. Indicó además que la propuesta busca que la jurisdicción agraria resuelva controversias relacionadas con la validez de resoluciones de la Agencia y disputas sobre tierras baldías, garantizando “legalidad, transparencia y seguridad jurídica”.
Sin embargo, movimientos campesinos consideran que esa interpretación podría limitar la capacidad de la ANT para avanzar en la recuperación y redistribución de tierras, razón por la que insisten en que la movilización social será clave para preservar la reforma agraria y los derechos rurales.
La discusión legislativa se produce en un contexto de implementación de la Ley Estatutaria 2570 y de la Sentencia C-099, que ordenaron la creación gradual de tribunales agrarios y rurales en el país.
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