En Colombia, jurados de votación tendrán un día de descanso remunerado y quienes voten recibirán medio día libre

El Ministerio del Trabajo recordó a las empresas públicas y privadas en Colombia la obligación de otorgar descansos compensatorios remunerados a quienes participen en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026, ya sea como jurados de votación o como ciudadanos sufragantes.

De acuerdo con las directrices vigentes y las normas del Código Electoral, los trabajadores que sean designados como jurados de votación tendrán derecho a un día completo de descanso remunerado, el cual deberá ser concedido dentro de los 45 días hábiles posteriores a la jornada electoral.

La medida aplica tanto para empleados del sector público como privado, independientemente del tipo de contrato o modalidad laboral. Las empresas deberán coordinar previamente la asignación de estos descansos para evitar afectaciones en sus operaciones, especialmente en compañías donde varios trabajadores hayan sido convocados como jurados.

Por otro lado, los ciudadanos que ejerzan su derecho al voto también podrán acceder a un beneficio laboral. Según la Ley 403 de 1997, quienes sufraguen tendrán derecho a media jornada de descanso remunerado, la cual deberá ser acordada entre el trabajador y el empleador y hacerse efectiva dentro del mes siguiente a las elecciones.

Las autoridades aclararon que ambos beneficios son acumulables. Es decir, un ciudadano que vote y además cumpla funciones como jurado podrá recibir tanto el día completo como la media jornada compensatoria.

Para acceder a estos permisos será obligatorio presentar el certificado electoral o la constancia oficial expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Sin este soporte, las empresas podrán negar temporalmente el otorgamiento del descanso.

El Ministerio del Trabajo advirtió que negar injustificadamente estos beneficios constituye una infracción laboral grave y podría derivar en investigaciones y sanciones económicas contra los empleadores, con multas que superarían los 1,8 millones de pesos por cada caso comprobado.