“Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra, trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, afirmó el mandatario, al explicar que la medida busca restablecer la autoridad y corregir las irregularidades evidenciadas en el sistema penitenciario.
La controversia estalló tras conocerse imágenes de la celebración realizada el pasado 8 de abril en el patio uno del penal, en la que se observan mesas con abundante comida, bebidas alcohólicas, equipos de sonido profesional y la presentación del cantante vallenato Nelson Velásquez. Según denuncias de concejales de Medellín, el evento habría costado cerca de 500 millones de pesos y fue financiado por los propios internos, varios de ellos cabecillas de organizaciones criminales.
El presidente también lanzó una advertencia a quienes pretendan aprovechar los procesos de paz para mantener actividades ilícitas, y defendió los resultados de su política de seguridad, incluyendo la reducción de cultivos de hoja de coca en el país.
Críticas desde Medellín
La decisión generó cuestionamientos desde sectores políticos. La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla pidió claridad sobre los reclusos que serán trasladados y criticó que la medida no aborde el problema estructural.
“Ahora sale dizque a ‘corregir’ anunciando el traslado de los bandidos (...) como si el problema fuera de dirección y no de fondo”, expresó, al tiempo que cuestionó los beneficios otorgados a algunos cabecillas como gestores de paz.
Detalles de la fiesta y contexto
La celebración tuvo lugar en un pabellón donde permanecen líderes de estructuras criminales que participaban en la denominada Mesa de Paz Urbana. Además del espectáculo musical, hubo presencia de invitados externos que habrían ingresado sin cumplir los protocolos.
El evento coincidió con el próximo cumplimiento de pena de Sebastián Murillo Echeverry, alias “Lindolfo”, quien habría sido uno de los protagonistas de la reunión y busca acceder a beneficios judiciales.
Acciones del Inpec
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario confirmó que la actividad no contaba con autorización oficial y anunció investigaciones disciplinarias. También removió al director encargado del penal y al comandante de vigilancia.
En un operativo posterior, las autoridades incautaron decenas de objetos prohibidos, entre ellos 62 neveras, televisores, una consola de videojuegos, licor, sustancias ilícitas y equipos de comunicación, lo que evidenció graves fallas en los controles internos.
El caso sigue bajo investigación y ya ha tenido repercusiones en la política de seguridad y en los procesos de diálogo con estructuras criminales, mientras el Gobierno intenta contener el impacto institucional del escándalo.
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