Durante la diligencia, se expusieron detalles de 19 casos en los que civiles fueron asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros dados de baja en combate por integrantes del Batallón de Ingenieros Francisco Javier Cisneros, en el marco de la práctica conocida como “falsos positivos”.
Reconocimientos individuales y presión dentro de la tropa
Uno de los primeros en intervenir fue Juan Carlos Ostos Cepeda, quien admitió su participación en el asesinato de Manuel Augusto Torres en junio de 2008. En su declaración, describió la presión ejercida sobre sus subalternos para ejecutar el crimen.
Según relató, ante la negativa inicial de los soldados, recurrió a amenazas relacionadas con sus hojas de vida y aseguró que se trataba de una orden superior, lo que finalmente llevó a la ejecución del hecho.
Este caso reviste especial gravedad dentro del proceso, ya que la víctima habría sido seleccionada por los militares tras conocer que poseía información sobre otros asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por miembros del mismo batallón.
Un patrón repetido de engaño y asesinato
Otro de los hechos abordados fue el asesinato de Carlos Andrés Campo Henao, ocurrido en febrero de 2008. De acuerdo con los testimonios, la víctima fue engañada con una oferta de trabajo, trasladada a una zona rural y posteriormente asesinada junto a otros jóvenes.
Este modus operandi se repitió en varios casos, lo que llevó a la comparecencia de varios militares implicados, entre ellos Jhon Armando Rodríguez Rojas, Elkin Arenas Mora, Francisco Javier Cortés Guapacha, Luis Fernando Cardona, Hernán Ángel Hernández y Juan Pablo Barrera.
Este último reconoció su responsabilidad como comandante del batallón, señalando que autorizó el crimen y participó en su encubrimiento mediante la legalización del caso como una baja en combate.
Muertes en medio de operativos y uso indiscriminado de la fuerza
La audiencia también abordó un hecho ocurrido el 4 de septiembre de 2008 en el municipio de Salento. En esa ocasión, durante un combate real, militares dispararon contra un vehículo civil, causando la muerte de Jhon Kennedy Díaz Tabares y Gildardo Antonio Parra.
Uno de los comparecientes, Alejandro Bedoya Arias, admitió haber disparado sin identificar plenamente a las víctimas. Según su relato, la orden implícita era que todos los uniformados debían accionar sus armas, sin mediación ni verificación previa.
Actos simbólicos y reconocimiento del daño
Los once comparecientes que participaron presencialmente en la audiencia aceptaron su responsabilidad en los hechos. Como gesto simbólico, Heriberto Clavijo Cruz entregó una medalla recibida en 2006 por “resultados operacionales” a los familiares de una de las víctimas.
En su intervención, reconoció que esos resultados no correspondían a acciones legítimas de combate, sino a homicidios de civiles. Señaló que renunciaba a ese reconocimiento al considerar que no le pertenecía.
La medalla fue recibida por José Giraldo, hermano de Darío Giraldo, asesinado en 2006. En un emotivo mensaje, expresó que el objeto adquiere un nuevo significado como símbolo de memoria, dignificación y reconocimiento del daño causado.
Posteriormente, por decisión de las víctimas, la medalla fue entregada a la JEP como evidencia de los beneficios otorgados a militares involucrados en estas prácticas.
Un llamado a la memoria y la verdad
Durante la audiencia, los familiares de las víctimas insistieron en la importancia de reivindicar la memoria de sus seres queridos, quienes fueron estigmatizados como combatientes cuando en realidad eran civiles.
Pidieron que los jóvenes asesinados sean recordados por sus vidas y no por las versiones oficiales que los señalaron falsamente como miembros de grupos armados.
Asimismo, subrayaron la necesidad de que la verdad sea reconocida públicamente y difundida, como un paso fundamental para la reparación y la no repetición.
Un proceso clave para la justicia transicional
Esta audiencia marca un avance significativo dentro del proceso de justicia transicional en Colombia, al consolidar los aportes de verdad de los comparecientes en uno de los capítulos más graves del conflicto armado.
La labor de la Jurisdicción Especial para la Paz continúa centrada en esclarecer los hechos, garantizar los derechos de las víctimas y establecer responsabilidades, en busca de una reparación integral y de la construcción de memoria histórica en el país.
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