Gobierno de Colombia ordena sacrificar 80 hipopótamos por riesgo ambiental y falta de alternativas

El Gobierno de Colombia confirmó que avanzará en la eliminación controlada de parte de los hipopótamos descendientes de los ejemplares introducidos ilegalmente por Pablo Escobar en la década de 1980, como respuesta al crecimiento desbordado de esta especie invasora en el país.

La decisión, anunciada por la ministra de Ambiente, Irene Vélez, contempla la eutanasia de cerca de 80 individuos, dentro de una estrategia que busca frenar el impacto ambiental y reducir los riesgos para las comunidades. Actualmente, la población supera los 160 ejemplares y podría alcanzar los 500 hacia 2030 si no se toman medidas, según proyecciones oficiales.

De acuerdo con la funcionaria, el Gobierno ha explorado alternativas como la reubicación internacional de los animales, pero sin éxito. “Ningún país ha aceptado recibir hipopótamos”, afirmó, al tiempo que subrayó los altos costos y dificultades logísticas de mantenerlos aislados o trasladarlos.

La hoja de ruta se basa en el Plan de Prevención, Control y Manejo de la Especie Exótica Invasora Hipopótamo, que establece lineamientos técnicos para controlar su expansión. Las autoridades han señalado que estos animales afectan gravemente los ecosistemas, especialmente en regiones del Magdalena Medio, al alterar la calidad del agua y desplazar especies nativas.

Entre las más afectadas se encuentran especies como el manatí y diversas tortugas, cuya supervivencia se ve comprometida por la presencia de los hipopótamos. Además, se han reportado riesgos para las comunidades cercanas debido al comportamiento territorial de estos animales.

El plan contempla dos métodos principales: la eutanasia y la traslocación. Sin embargo, esta última sigue siendo limitada por la falta de países receptores y por problemas genéticos detectados en la población, derivados de su origen común en apenas cuatro ejemplares.

Según explicó Vélez, los procedimientos de eutanasia se realizarán bajo protocolos técnicos que garantizan condiciones éticas y de seguridad. Estos incluyen métodos químicos y físicos, así como el enterramiento en el lugar para evitar riesgos sanitarios.

El costo de cada intervención puede alcanzar hasta 150 millones de pesos por animal, incluyendo sedación, manejo y disposición final. En total, el Gobierno ha destinado cerca de 7.000 millones de pesos para ejecutar el plan.

Expertos han advertido que la población actual presenta signos de “pobreza genética”, incluyendo mutaciones visibles, lo que también dificulta su traslado a otros países y refuerza la necesidad de controlarla localmente.

La medida, sin precedentes en el país, abre un debate sobre el equilibrio entre la protección ambiental y el bienestar animal, mientras el Gobierno insiste en que se trata de una decisión necesaria para preservar los ecosistemas y evitar una crisis ecológica mayor.