Según se conoció, el ente investigador trazó dos líneas principales. La primera busca determinar la responsabilidad de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que habrían permitido, por omisión o complicidad, el ingreso del cantante Nelson Velásquez y su equipo al pabellón donde se realizó la celebración.
En este frente, las autoridades evalúan si se configuró el delito de prevaricato. Como parte de las diligencias, agentes de la Fiscalía realizaron una inspección en las instalaciones del centro penitenciario para recolectar pruebas y avanzar en la individualización de responsabilidades.
Paralelamente, la investigación también pone bajo la lupa al artista vallenato, a quien se le indagará por un eventual caso de lavado de activos. La hipótesis de los investigadores apunta a que el pago por su presentación podría provenir de actividades ilícitas, teniendo en cuenta que no se ha establecido con claridad quién financió el evento, aunque se presume que habría sido organizado por cabecillas de estructuras criminales recluidos en el lugar.
La fiesta, que incluyó bebidas alcohólicas como whisky, aguardiente, tequila y vino, se habría realizado para celebrar el cumpleaños de Paulo Andrés Torres Flórez, alias “Pocho”, y la posible salida de prisión de Sebastián Murillo, alias “Lindolfo”. En videos difundidos en redes sociales se observa el ingreso de músicos, equipos de sonido y elementos prohibidos, lo que volvió a evidenciar graves fallas en los controles carcelarios.
En medio del escándalo, el Inpec expidió la Resolución 2627 del 10 de abril, mediante la cual apartó temporalmente de sus cargos a once funcionarios presuntamente implicados en las irregularidades. Además, se designó un nuevo responsable encargado de la dirección del penal mientras avanzan las investigaciones.
Este episodio se suma a otras controversias recientes en la cárcel de Itagüí y ya tuvo consecuencias a nivel nacional. El Gobierno decidió suspender temporalmente los diálogos sociojurídicos con estructuras criminales del Valle de Aburrá, hasta que se esclarezcan los hechos.
La Fiscalía continuará con la recolección de pruebas y no descarta nuevas decisiones judiciales en los próximos días, en un caso que ha puesto nuevamente en evidencia las fallas estructurales del sistema penitenciario colombiano.
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