El hecho se registró cuando un hombre identificado como Josué Cubillos García atacó con un bisturí a dos integrantes del equipo de producción, Nicolás Perdomo y Henry Martínez, quienes murieron en el lugar. La reacción de otros miembros del equipo terminó también con la vida del agresor, lo que derivó en un proceso penal que hoy genera controversia.
Una reacción que ahora está bajo la lupa
Tras el ataque, Nelson Alfonso Sanabria, de 19 años, y Jorge Alexander Correa, de 29, intervinieron para detener al agresor. En medio del forcejeo, Cubillos murió por las heridas recibidas.
La Fiscalía General de la Nación imputó a ambos el delito de homicidio. Aunque permanecen en libertad por no tener antecedentes, continúan vinculados a la investigación.
El caso plantea una pregunta central: ¿actuaron en legítima defensa o incurrieron en un acto de justicia por mano propia?
La postura de la Fiscalía
Para el ente acusador, la reacción de los dos hombres excedió los límites legales. Durante la audiencia, el fiscal Diego Ortiz sostuvo que la conducta no se enmarca dentro de la legítima defensa.
“En este caso se entiende ya tomar justicia por propia mano (...), acción que debieron ejercer entregando a la persona a las autoridades”, señaló.
El juez de control de garantías, Sebastián Ferreira, también subrayó la gravedad de lo ocurrido y advirtió que uno de los implicados habría utilizado un arma cortopunzante en la respuesta contra el agresor.
Según la Fiscalía, aunque el ataque inicial fue violento y sorpresivo, los implicados tenían la obligación de neutralizar la amenaza sin causar la muerte, lo que configura —en su criterio— un posible exceso en la reacción.
Argumentos de la defensa y expertos
La interpretación de la Fiscalía ha sido cuestionada por varios expertos en derecho penal, quienes consideran que el contexto del ataque podría justificar la actuación de los acusados.
El abogado Daniel Lagarcha señaló que la legítima defensa podría configurarse si la amenaza continuaba al momento de la reacción. “No solo estaban protegiendo a sus compañeros, sino también a ellos mismos”, explicó.
En la misma línea, el exviceministro de Justicia Camilo Rojas planteó que el caso debe analizarse bajo el principio de defensa frente a un peligro inminente. Por su parte, el penalista Iván Cancino sostuvo que no se trató de un acto de venganza, sino de una respuesta inmediata ante una agresión letal.
Estas posturas coinciden en que la clave está en determinar si el agresor representaba una amenaza activa en el momento en que fue reducido.
El perfil del agresor
Las autoridades confirmaron que Josué Cubillos García tenía antecedentes psiquiátricos y había sido hospitalizado por trastornos psicóticos. Este elemento añade complejidad al caso, ya que introduce factores relacionados con la salud mental y la prevención institucional.
Además, se investiga si existieron fallas en los controles previos, dado que el hombre habría tenido antecedentes recientes por porte de armas blancas en la misma zona.
El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho, descartó que se tratara de un intento de hurto y señaló que el hecho responde a un episodio de intolerancia.
Impacto en la ciudad y en la industria audiovisual
El caso generó una fuerte reacción tanto en el sector audiovisual como en la opinión pública. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su solidaridad con las víctimas y destacó el impacto del hecho en la ciudad.
“Esto impactó a toda la ciudad y le duele a Bogotá, que es un destino de producciones audiovisuales”, afirmó.
La tragedia también motivó pronunciamientos del Ministerio de las Culturas y de organizaciones del gremio, que exigieron mayores medidas de seguridad para los rodajes, especialmente en espacios públicos.
Familiares, colegas y ciudadanos realizaron una velatón en el parque Parkway para rendir homenaje a las víctimas y pedir garantías para quienes trabajan en este sector.
Un proceso que apenas comienza
Aunque Sanabria y Correa fueron dejados en libertad tras la audiencia inicial, el proceso judicial continúa. La Fiscalía deberá formalizar la acusación y presentar las pruebas ante el juez, quien tendrá la tarea de determinar si hubo legítima defensa o un homicidio agravado.
De ser hallados culpables, los implicados podrían enfrentar penas superiores a 37 años de prisión, lo que aumenta la tensión alrededor del caso.
Un debate abierto en la sociedad
Más allá del ámbito judicial, el caso ha abierto una discusión de fondo sobre los límites de la reacción ante situaciones extremas. ¿Hasta dónde puede llegar una persona para defender su vida o la de otros? ¿En qué punto una acción defensiva se convierte en un delito?
La respuesta no es sencilla y dependerá del análisis detallado de las circunstancias. Mientras tanto, la tragedia ocurrida durante el rodaje de Sin senos sí hay paraíso sigue generando preguntas que van más allá de lo jurídico y tocan aspectos éticos, sociales y humanos.
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