La decisión fue comunicada mediante un documento remitido a la autoridad electoral —con copia a la Procuraduría General de la Nación— y firmado por Gabriel Becerra, Carlos Alberto Benavides, Jaime Caicedo Turriago y María José Pizarro, representantes legales del movimiento.
En el texto, el Pacto Histórico argumenta que actúa “en atención a la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción” de Cepeda en la consulta, y formaliza el desistimiento de participar en ese mecanismo. Según el movimiento, la determinación del tribunal electoral “desconoce de manera abierta y arbitraria” el derecho fundamental a la participación política y afecta los efectos jurídicos de la consulta partidista celebrada el 26 de octubre de 2025.
Además, el documento sostiene que la decisión vulnera “de forma grave y directa” derechos relacionados con la autonomía de los partidos políticos, la libertad de configuración interna y el carácter vinculante de las decisiones adoptadas democráticamente por sus militantes.
En consecuencia —señalaron los firmantes— el movimiento desistirá del escenario de consulta y procederá a inscribir directamente al senador como aspirante presidencial. También solicitaron a la Registraduría abstenerse de utilizar el logo del Pacto Histórico, así como la imagen o fotografía de Cepeda, en el tarjetón correspondiente a la consulta del 8 de marzo. En la comunicación advierten igualmente sobre el uso indebido de símbolos, signos o elementos gráficos que puedan inducir a confusión al electorado, invocando lo dispuesto en la legislación vigente sobre identificación de organizaciones políticas.
Tras el trámite, el propio Cepeda reaccionó públicamente a la decisión. El senador afirmó que el retiro responde a lo que considera una vulneración de sus derechos políticos y reiteró su intención de participar en la contienda presidencial. “Ya es oficial. Ante la violación de nuestro derecho a la participación política, el Pacto Histórico comunicó su retiro de la consulta. Me inscribiré para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y vamos a ganar”, señaló.
La decisión del CNE
La controversia se originó luego de que el Consejo Nacional Electoral negara la participación del dirigente en la consulta interpartidista. Con seis votos en contra, el tribunal determinó que Cepeda no podía competir en el proceso al considerar que ya había participado en una consulta de naturaleza similar el 26 de octubre del año pasado, cuando resultó vencedor frente a Carolina Corcho y Daniel Quintero.
El desenlace se definió tras la intervención de conjueces designados para estudiar el caso. Mientras el conjuez Alberto Rojas votó a favor de permitir su participación, el abogado Hollman Ibáñez se apartó de esa posición y negó la ponencia, completando la mayoría necesaria para cerrar el paso al aspirante.
Durante la audiencia pública, Ibáñez explicó que la consulta es un mecanismo de democratización que permite a las organizaciones políticas adoptar decisiones y seleccionar candidatos de manera participativa y plural. Recordó que la legislación contempla distintos tipos de consultas —populares, interpartidistas e internas— y subrayó que, independientemente de su naturaleza, quienes participen en ellas no pueden inscribirse como candidatos por otra organización en el mismo proceso electoral.
Asimismo, indicó que los resultados de estos mecanismos son obligatorios tanto para los partidos como para los aspirantes escogidos mediante ese procedimiento. En su intervención final, señaló que si el movimiento pretendía acudir a una consulta interpartidista en marzo, debió recurrir a mecanismos internos alternativos para seleccionar su aspirante.
Escenario político abierto
La decisión marca un nuevo capítulo en el proceso de definición de candidaturas de cara a las elecciones presidenciales de 2026 y reconfigura la estrategia del Pacto Histórico en el escenario electoral. Con el retiro de la consulta, la colectividad apuesta por la inscripción directa de Cepeda, abriendo un nuevo frente político y jurídico en torno a la interpretación de las normas que regulan la participación en consultas partidistas.
El desenlace del proceso y las eventuales implicaciones para la competencia electoral seguirán siendo materia de debate, mientras el calendario avanza hacia la inscripción formal de candidaturas y el inicio de la campaña presidencial.
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