La iniciativa legislativa plantea, en la práctica, la prohibición de la operación de aplicaciones de movilidad que actualmente no cuentan con una regulación específica, al catalogar como ilegal cualquier servicio de transporte de personas o carga realizado en vehículos particulares sin autorización oficial.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el régimen sancionatorio, que contempla multas que pueden alcanzar hasta los 726 millones de pesos, además de la inmovilización prolongada de vehículos. De acuerdo con el articulado, la primera infracción conllevaría una inmovilización de 60 días, la segunda de 90 días y, a partir de la tercera, de 120 días, una medida que expertos consideran desproporcionada.
Sanciones para conductores, usuarios y terceros
El artículo 31 del proyecto define como “servicio ilegal de transporte” cualquier traslado realizado en vehículos particulares sin cumplir los requisitos legales. Esta tipificación contrasta con decisiones previas de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que han reconocido derechos fundamentales asociados al uso de estas plataformas, como la libertad de empresa y de elección del consumidor.
Además, la propuesta amplía el alcance de las sanciones a personas naturales y jurídicas que “permitan, faciliten, estimulen, propicien, autoricen, contraten o exijan” la prestación de estos servicios. En estos casos, se establecen multas de 390 UVB por cada evento, equivalentes a aproximadamente 4,7 millones de pesos, aplicables por cada viaje, lo que podría generar sanciones acumulativas de alto impacto económico.
El proyecto también incluye disposiciones que permitirían sancionar a propietarios de inmuebles, edificios y conjuntos residenciales donde se considere que se presta el llamado “servicio ilegal de transporte”, una medida que ha generado inquietud en el sector inmobiliario y entre administradores de propiedad horizontal.
Servicio considerado un problema de orden público
Otro de los aspectos que más críticas ha despertado es el artículo 68, que califica la operación de estas plataformas como una posible alteración del orden público, lo que obligaría a la Policía Nacional y a las autoridades locales a priorizar su persecución. Incluso, el texto faculta a las autoridades para cerrar plataformas digitales sin orden judicial, una atribución que ha sido cuestionada por juristas y defensores de derechos digitales.
José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, gremio que agrupa a varias plataformas tecnológicas, calificó el proyecto como “autoritario y regresivo”. En declaraciones a Blu Radio, aseguró que la iniciativa “destruye cientos de miles de trabajos de gente honrada y se mete con las libertades de los ciudadanos”.
López advirtió que las sanciones no solo recaerían sobre conductores, sino también sobre los usuarios. “A usted como usuario le correspondería una investigación administrativa y, además, por cada viaje podrían imponerle multas de hasta 4,7 millones de pesos”, explicó.
Restricciones a la opinión pública y magnitud del sector
El artículo 69 del proyecto también ha sido calificado como polémico, al establecer una prohibición para que congresistas y funcionarios públicos emitan opiniones favorables al uso de plataformas digitales de transporte. López consideró esta medida como una forma de censura, al limitar el debate público sobre el tema.
Según cifras del sector, el impacto económico y social de las plataformas es significativo. En 2024, cerca de 1,2 millones de cuentas de conductores prestaron al menos un servicio a través de vehículos particulares, mientras que unos 200 mil taxistas también se vincularon a estas aplicaciones, lo que demuestra su integración en el ecosistema de movilidad urbana.
El proyecto también permitiría imponer restricciones especiales en puntos de alta demanda, como aeropuertos, puertos, terminales de transporte y centros comerciales, lo que podría afectar de manera directa la movilidad de millones de usuarios.
Mientras el debate avanza en el Congreso, el futuro de las plataformas digitales de transporte en Colombia permanece en incertidumbre, en medio de una discusión que enfrenta modelos tradicionales, innovación tecnológica y el sustento económico de miles de familias.
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