La controversia se originó cuando el CNE resolvió dejar por fuera a Cepeda del proceso de consulta, medida que el senador consideró injustificada y que lo llevó a anunciar la presentación de una demanda por presunto prevaricato contra los magistrados que adoptaron la determinación. Desde su postura, la exclusión representa una grave afectación a la participación democrática de su colectividad y evidencia irregularidades en la actuación del tribunal electoral.
En paralelo, Cepeda elevó el tono de sus críticas y planteó incluso la eliminación del Consejo Nacional Electoral, al que calificó como un “organismo corrupto”. Según sus declaraciones, la resolución tomada no tiene precedentes recientes y constituye una violación de los derechos políticos de una comunidad entera. “Esta es una decisión arbitraria, contraria a derecho y abiertamente antidemocrática”, afirmó el candidato, subrayando que la medida, en su opinión, carece de sustento legal y afecta la transparencia del proceso.
Desde el CNE, sin embargo, se rechazaron esas acusaciones y se defendió la legalidad de la actuación institucional. El director de Vigilancia e Inspección Electoral, José Antonio Parra, sostuvo que el organismo opera dentro de los límites y obligaciones que establece la normativa vigente. En respuesta a la propuesta de suprimir la entidad, recalcó que las decisiones adoptadas se enmarcan en las funciones constitucionales asignadas al tribunal.
Parra explicó que el numeral 12 del artículo 65 de la Constitución faculta al CNE para conocer y decidir sobre la revocatoria de inscripción de candidaturas, argumento que respalda el procedimiento aplicado en este caso. Asimismo, destacó la actividad constante del organismo para resolver las múltiples situaciones que surgen en el proceso electoral. Según indicó, la corporación sesiona diariamente y realiza audiencias públicas para abordar los casos presentados, resolviendo cada uno conforme a derecho.
Pese a estas aclaraciones, el presidente Petro incrementó el tono de sus señalamientos y respondió directamente al organismo electoral a través de mensajes públicos en los que cuestionó su imparcialidad. El mandatario afirmó que el CNE no ha actuado conforme a la ley ni a la Constitución y denunció supuestas anomalías en distintos procesos electorales, señalando además posibles conflictos de interés entre magistrados y jueces administrativos.
El jefe de Estado fue más allá al sostener que existen funcionarios “sub judice y con conflicto de interés” interesados en afectar al progresismo y perseguir a sus integrantes, lo que describió como una acción deliberada contra las fuerzas políticas que representan el cambio. Sus declaraciones elevaron la confrontación institucional y profundizaron el debate sobre la confianza en las autoridades electorales.
Petro también evocó las elecciones legislativas de 2022, cuando, según su versión, cerca de 700.000 votos de la coalición que lo respaldó habrían sido excluidos inicialmente del conteo. De acuerdo con el mandatario, esos sufragios debieron ser recuperados posteriormente, y considera que una situación comparable se estaría repitiendo ahora con la consulta presidencial mediante un “tarjetón fraudulento falseado” que impidió la participación de sectores progresistas.
En su diagnóstico, la exclusión de Cepeda constituye un acto delictivo que limita el derecho al voto tanto suyo como de millones de ciudadanos. No obstante, el presidente confirmó que sí participará en las elecciones legislativas, aunque aclaró que no solicitará el tarjetón correspondiente a la consulta presidencial. Su intención, señaló, es respaldar con su voto cambios en el Congreso que permitan impulsar reformas sociales que considera prioritarias.
En este contexto, el mandatario hizo un llamado a la movilización ciudadana y a la vigilancia del proceso electoral, al destacar el papel del electorado como principal garante de transparencia. Invitó a los ciudadanos a inscribirse como testigos electorales y anunció capacitaciones orientadas a identificar irregularidades y a impugnar mesas en caso de presunto fraude.
Además, propuso modificaciones en la selección de jurados de votación, priorizando la participación de estudiantes y docentes, y aseguró que el control policial será un eje central durante la jornada electoral, con especial atención a combatir la compra de votos. Así, en medio de acusaciones cruzadas y cuestionamientos institucionales, el episodio refleja una nueva escalada de tensión política que pone en el centro del debate la legitimidad y la confianza en el sistema electoral colombiano.
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