El incidente ocurrió el 26 de febrero de 2026 hacia las 10:40 de la mañana, frente a la catedral del sector Alto del Rosario, donde se desarrollaba un evento masivo de campaña. Según el reporte oficial del Departamento de Policía Tolima, la mujer, de 30 años e identificada como Mónica Fernanda Joven Urbano, fue observada por miembros del esquema de seguridad debido a una actitud que consideraron sospechosa mientras se encontraba entre el público.
De acuerdo con las autoridades, la mujer sostenía su teléfono celular como si estuviera grabando el discurso desde la plaza pública; sin embargo, su comportamiento llamó la atención de los uniformados. Tras un procedimiento de registro, le fue encontrado en el interior de un bolso un arma de fuego tipo pistola, al parecer calibre 25 milímetros, con un cargador y cinco cartuchos, sin contar —según la Policía— con el respectivo permiso para su porte o tenencia.
La captura se realizó en flagrancia y la implicada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el comunicado oficial, la mujer enfrentaría cargos por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, conducta tipificada en la legislación colombiana cuando no se cuenta con autorización legal.
La Fiscalía adelanta el proceso de legalización de la captura, mientras se define su situación jurídica.
La presencia de una funcionaria del Inpec armada en un evento político generó preocupación dentro de la campaña de Valencia, especialmente porque, según se informó, se encontraba a pocos metros de la tarima principal.
En declaraciones posteriores a medios de comunicación, la candidata explicó que los integrantes del esquema de seguridad notaron movimientos inusuales. Según relató, mientras la mayoría de asistentes que graban un acto público alternan la mirada entre la tarima y el celular, la mujer observaba en otras direcciones y parecía concentrada en elementos distintos a la supuesta grabación, lo que motivó la verificación por parte de la Policía.
Valencia también recordó que actualmente rige un decreto que restringe el porte y transporte de armas, y subrayó que, de confirmarse la ausencia de permisos, se configuraría el delito de porte ilegal. Asimismo, señaló que será clave revisar el teléfono celular incautado para establecer si existía comunicación con terceros o algún tipo de coordinación previa.
Por su parte, el Inpec emitió un comunicado en el que precisó que la presencia de la funcionaria en el evento obedecía a una actividad estrictamente personal, ajena a cualquier misión o instrucción institucional. La entidad indicó que colaborará con las autoridades en el marco de la investigación.
El hecho se produce en un contexto de creciente tensión política en distintas regiones del país. Valencia mencionó episodios recientes de hostigamientos y ataques contra sedes y simpatizantes de su colectividad, así como advertencias de grupos ilegales en algunas zonas, lo que —según afirmó— incrementa la preocupación frente a cualquier incidente de seguridad en actos públicos.
Las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer los hechos y determinar si la captura corresponde a un caso aislado o si existen elementos adicionales que deban ser investigados. Mientras tanto, el caso reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en eventos de campaña y el cumplimiento de las normas que regulan el porte de armas en Colombia.
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