Desde Davos, donde participa en el Foro Económico Mundial, Noboa defendió la medida señalando que Ecuador ha realizado esfuerzos sostenidos de cooperación con Colombia, a pesar de mantener un déficit comercial superior a los 1.000 millones de dólares anuales. A su juicio, mientras Quito ha privilegiado el diálogo, las Fuerzas Armadas ecuatorianas continúan enfrentándose solas a grupos criminales vinculados al narcotráfico en la frontera norte. El arancel, afirmó, se mantendrá vigente hasta que exista un “compromiso real” de cooperación conjunta.
El impacto económico de la decisión es considerable. Ecuador es el sexto destino de las exportaciones colombianas y el segundo mercado para los productos no minero-energéticos. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia exportó a Ecuador 1.673 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025, equivalentes al 3,7% de sus ventas externas. En sentido inverso, Ecuador exportó a Colombia 808 millones de dólares en el mismo período, de acuerdo con el Banco Central del Ecuador. Analistas y gremios advierten que un aumento arancelario de esta magnitud podría afectar cadenas productivas clave en ambos países.
La reacción de Colombia
La respuesta del Gobierno colombiano no se hizo esperar. El jueves, Bogotá anunció que impondrá también un arancel del 30% a 20 productos ecuatorianos y que suspenderá la venta de energía eléctrica a Ecuador, una medida sensible considerando que Colombia es uno de los principales proveedores energéticos de su vecino. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, aseguró que la decisión no constituye una sanción ni un acto de confrontación, sino un instrumento legítimo para proteger el aparato productivo nacional y restablecer el equilibrio comercial tras la acción unilateral de Quito.
Desde el ámbito político y militar colombiano, las críticas fueron contundentes. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó la acusación de falta de cooperación y destacó que la colaboración internacional es una de las principales fortalezas del país. Como ejemplo, mencionó una operación conjunta del 16 de enero en la que se incautaron 2,24 toneladas de marihuana en la zona fronteriza, gracias al trabajo coordinado entre fuerzas colombianas y ecuatorianas. A su vez, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, calificó la decisión ecuatoriana como una “agresión económica” y recordó que Colombia mantuvo el suministro eléctrico cuando Ecuador atravesaba una de las peores crisis hidrológicas de su historia.
El sector privado también expresó su preocupación. El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex), Javier Díaz, advirtió que una guerra arancelaria sería “muy perjudicial para ambos países”, dada la interdependencia comercial existente. Subrayó que Colombia exporta a Ecuador energía y manufacturas, mientras que el mercado colombiano es igualmente relevante para los productores ecuatorianos. Por ello, hizo un llamado a la cordura, al diálogo y a la creación de una mesa bilateral que permita desescalar el conflicto.
En Ecuador, la oposición aprovechó el anuncio para criticar al Gobierno. El expresidente Rafael Correa, aliado ideológico del presidente colombiano Gustavo Petro, comparó a Noboa con Donald Trump, aludiendo a la estrategia del expresidente estadounidense de presionar con aranceles para obtener concesiones políticas. En un mensaje irónico, Correa calificó a Noboa como un “Trumpito”, una versión caricaturesca del mandatario norteamericano.
El contexto político añade mayor complejidad al conflicto. El anuncio de Noboa se produjo un día después de que Gustavo Petro exigiera públicamente la liberación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, detenido en la cárcel de máxima seguridad La Roca. Petro sostuvo que Glas, a quien calificó como ciudadano colombiano, es víctima de tortura psicológica, una afirmación que generó malestar en Quito y tensó aún más las relaciones diplomáticas.
La frontera norte de Ecuador se ha convertido en uno de los principales escenarios de la lucha contra el crimen organizado. En mayo de 2025, once militares ecuatorianos murieron en un enfrentamiento con el grupo armado Comandos de la Frontera, y en diciembre otros dos soldados fallecieron durante operativos contra la minería ilegal. El Gobierno de Noboa ha denunciado la presencia de grupos armados colombianos en zonas mineras controladas por el crimen organizado, lo que refuerza su discurso de mano dura en materia de seguridad.
Noboa ha hecho de la lucha contra el crimen una piedra angular de su administración. Ha decretado estados de emergencia y desplegado más de 10.000 soldados en las provincias más violentas del país, en un contexto en el que las tasas de homicidio aumentaron un 30% el año pasado, según cifras oficiales. Sin embargo, su Gobierno aún no ha detallado el alcance técnico del arancel ni los productos específicos que serán gravados, ni ha explicado el impacto potencial en sectores estratégicos como el energético.
La escalada de medidas comerciales introduce un alto grado de incertidumbre en un momento de fragilidad económica y política para ambos países. Mientras Colombia insiste en su disposición a cooperar —recordando la incautación de 200 toneladas de cocaína en la frontera y su participación en cientos de operaciones contra el narcotráfico—, Ecuador sostiene que necesita acciones más concretas. En medio de presiones regionales e internacionales, el pulso entre Quito y Bogotá deja en evidencia cómo la seguridad, la diplomacia y el comercio se entrelazan en una relación bilateral cada vez más tensa.
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