El proyecto parte de un diagnóstico preocupante: según estadísticas de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, una proporción significativa de las extorsiones que se cometen en Colombia tiene como principal herramienta el uso de líneas de telefonía móvil, muchas de ellas adquiridas sin controles rigurosos y utilizadas de manera anónima.
Durante la discusión legislativa se citó un dato que ha generado especial alarma entre los congresistas: el 70 % de los casos de extorsión se originan desde centros carcelarios, lo que ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre las comunicaciones móviles, tanto dentro como fuera de los establecimientos penitenciarios.
El representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, Julio César Triana, uno de los autores del proyecto, explicó que la facilidad con la que actualmente se pueden comprar y activar tarjetas SIM ha contribuido a la proliferación de este delito. Según indicó, la ausencia de controles efectivos impide identificar con claridad a los responsables cuando un número telefónico es utilizado para extorsionar, estafar u otras conductas delictivas.
En ese contexto, la iniciativa legislativa plantea que toda línea telefónica móvil deberá estar obligatoriamente registrada a nombre de una persona plenamente identificada. Para ello, se establece un proceso de verificación que incluye la validación de la identidad del usuario mediante datos personales y biométricos.
El articulado del proyecto señala que, para la venta y activación de una tarjeta SIM o e-SIM, “los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles, incluyendo los operadores móviles virtuales que presten servicios en Colombia, deberán registrar de inmediato en sus respectivas bases de datos el nombre y apellidos completos del suscriptor, número y tipo de identificación, número del móvil, IMEI, correo electrónico y datos biométricos del usuario, con el fin de verificar su identidad, prevenir suplantaciones y establecer un responsable por cada servicio de telecomunicación móvil”.
Con esta medida, cada número celular quedaría vinculado a un usuario específico, quien sería responsable por las actividades asociadas a esa línea. El objetivo central es eliminar la comercialización libre de tarjetas SIM sin trazabilidad y reducir el uso anónimo de líneas móviles para la comisión de delitos.
Otro de los ejes del proyecto se enfoca en el control de las llamadas originadas desde centros penitenciarios. La propuesta contempla que el Gobierno nacional deberá colaborar para implementar los controles establecidos en el artículo 11 de la Ley 1908 de 2018, mediante sistemas tecnológicos que permitan identificar el origen de las comunicaciones realizadas desde cárceles.
En este punto, el texto establece que los usuarios que reciban llamadas provenientes de centros de reclusión deberán ser informados de dicha procedencia. Para ello, los operadores estarán obligados a advertir al receptor de la llamada, garantizando al mismo tiempo el respeto por los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
Adicionalmente, la iniciativa incorpora la cancelación de líneas telefónicas asociadas a actividades delictivas. Según el proyecto, la Policía Nacional podrá solicitar periódicamente a los operadores la suspensión de números vinculados a denuncias o condenas por delitos como extorsión, estafa o robo, y las empresas deberán hacer efectiva esta cancelación de manera inmediata.
Durante la presentación del proyecto, el representante Triana subrayó que esta iniciativa responde al crecimiento sostenido de la extorsión, un fenómeno que afecta de forma directa a comerciantes, transportadores y ciudadanos en general. En su concepto, la regulación de las SIM card constituye una de las herramientas con las que el Legislativo busca contribuir a la lucha contra este delito y fortalecer la seguridad ciudadana en el país.
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