La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, se pronunció en la mañana de este lunes sobre el secuestro de al menos 18 soldados del Ejército Nacional, quienes se encontraban adelantando operaciones contra estructuras armadas ilegales en el departamento y que terminaron en poder de civiles, en un hecho que la mandataria calificó como una retención ilegal.
La situación se registró en la zona del Carmen de Atrato, donde los uniformados desarrollaban acciones contra el ELN, grupo armado organizado con fuerte presencia en la región y vínculos con el narcotráfico. En estos territorios también operan otras estructuras criminales como las disidencias y el Clan del Golfo, lo que ha incrementado los riesgos de seguridad para la población civil y la Fuerza Pública.
Según explicó la gobernadora, el Ejército Nacional denunció formalmente ante la Fiscalía General de la Nación el delito de secuestro en contra de los 18 soldados. “El Ejército ha denunciado formalmente el secuestro de nuestros uniformados, quienes se encontraban desarrollando una operación contra el GAO ELN en inmediaciones del Carmen de Atrato”, precisó Córdoba.
La mandataria agregó que, aunque el resguardo indígena La Puria ha emitido comunicaciones controvirtiendo la denuncia, los propios documentos aportados evidenciarían la retención ilegal de los soldados y de su armamento, lo que mantiene la gravedad del caso. “Existen pruebas que dan cuenta de la efectiva retención ilegal de los uniformados”, subrayó.
Ante la complejidad de la situación, Córdoba informó que se desarrolla un consejo de seguridad extraordinario con la participación del Ejército, la Policía, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Alcaldía del Carmen de Atrato, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, con el fin de coordinar acciones inmediatas.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que los hechos afectaron a 18 soldados que adelantaban operaciones contra narcoestructuras en el Chocó. El funcionario explicó que los uniformados fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena, mientras cumplían misiones legítimas contra el ELN.
El ministro señaló que las operaciones militares en la región buscan proteger a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas, frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos de violencia, además de atender las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.
El Gobierno Nacional informó que avanza en verificaciones en el territorio, en articulación con organismos humanitarios, para lograr la liberación de los 18 uniformados y analizar medidas que eviten la repetición de este tipo de hechos, que ya se han presentado en otras zonas del país.
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