El embajador Daniel García-Peña y la cúpula militar. Foto: Embajada de Colombia en EE.UU.

Este lunes vence el plazo para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregue al Congreso el informe anual que clasifica a los países considerados como grandes productores o vías de tránsito de drogas ilícitas, y determine cuáles de ellos cumplen con sus compromisos internacionales en materia antidrogas. La expectativa es alta en Colombia, donde el gobierno de Gustavo Petro y diversos sectores políticos, económicos y sociales aguardan con incertidumbre el desenlace de un proceso que podría derivar en sanciones con graves repercusiones para el país.

La certificación estadounidense, que cada año examina el desempeño de los países en la lucha contra el narcotráfico, contempla tres posibles escenarios: la certificación plena (cuando se considera que existe cooperación satisfactoria), la descertificación (cuando un Estado no coopera y queda sujeto a sanciones) o una “certificación por interés nacional”, que funciona como una exención (waiver) que permite mantener la cooperación pese a incumplimientos, siempre que prevalezcan intereses estratégicos para Washington.

En el caso colombiano, la sombra de una eventual descertificación ha crecido desde que el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), administrado por Naciones Unidas, reveló que en 2023 se alcanzó el récord histórico de 253.000 hectáreas de hoja de coca sembradas. El Ejecutivo había prometido erradicar 30.000 hectáreas en 2025, pero hasta ahora apenas supera las 5.000.

El trasfondo de una tensión diplomática

La posibilidad de que Estados Unidos retire a Colombia su certificación —algo que no ocurre desde el gobierno de Ernesto Samper en los años noventa— encendió las alarmas en la Casa de Nariño. En los últimos días, la administración Petro desplegó una intensa ofensiva diplomática en Washington con el fin de evitar un golpe que pondría en riesgo los 450 millones de dólares anuales de cooperación bilateral en seguridad, desarrollo y asistencia técnica.

Daniel García-Peña, embajador colombiano en la capital estadounidense, encabezó reuniones con funcionarios del Departamento de Estado y congresistas, acompañado por altos mandos militares y policiales. En sus presentaciones, el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, y el general Carlos Triana, director de la Policía, resaltaron que en el primer semestre de 2025 las autoridades incautaron más de 500 toneladas de cocaína, destruyeron 2.486 laboratorios, capturaron a 183 personas con fines de extradición y entregaron a otras 177 a tribunales estadounidenses e internacionales. Además, se confiscaron bienes mafiosos valorados en más de 125 millones de dólares.

“Las mafias serían las únicas que ganarían con una descertificación”, advirtió el exembajador Armando Benedetti, al advertir que la cooperación antidrogas es un frente de trabajo común y que la ruptura afectaría tanto a Bogotá como a Washington.

García-Peña, por su parte, ha insistido en que, aunque Colombia enfrenta dificultades en la reducción de cultivos ilícitos, ha mostrado un compromiso inequívoco en la interdicción y en golpear las estructuras criminales. “Lo incautado representa más de 800 millones de dosis de cocaína que se mantienen fuera de los mercados globales. Cualquier otra determinación sería terrible no solo para Colombia y para Estados Unidos, sino para el hemisferio y para el mundo”, declaró.

Riesgos económicos y políticos

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), adscrita al Departamento de Estado, es la encargada de elaborar la lista de países candidatos a sanción, con base en información de inteligencia y agencias de investigación. La recomendación pasa luego al Consejo de Seguridad Nacional, que coordina la decisión final del presidente.

Aunque nadie se aventura a pronosticar el desenlace, diversos analistas coinciden en que una descertificación tendría impactos significativos para Colombia. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) advierte que un recorte de la ayuda “perjudicaría directamente al pueblo colombiano y reduciría la capacidad del Gobierno para protegerlo de grupos criminales e insurgentes violentos”. Además, dificultaría la persecución de otros intereses estratégicos de Estados Unidos en el tercer país más poblado de América Latina.

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) estima que una descertificación con sanciones severas podría reducir entre 60 y 70 por ciento los aportes de Washington —es decir, entre 270 y 315 millones de dólares—, comprometiendo gravemente la asistencia técnica y la cooperación en seguridad. Ese efecto podría extenderse a otros donantes internacionales, como la Unión Europea y agencias multilaterales, que suelen alinear sus aportes con la posición de Estados Unidos.

A nivel macroeconómico, AmCham calcula que un escenario de sanciones podría costarle al país hasta 1.000 millones de dólares anuales en turismo, debido a eventuales alertas de viaje, y también frenar el flujo de inversión extranjera en sectores estratégicos como infraestructura, energía y servicios.

“Una descertificación no es simbólica. Implica restricciones a la cooperación, trabas al financiamiento internacional y mayores costos para la inversión y el comercio”, resumió María Claudia Lacouture, presidenta de la asociación.

En contraste, una “certificación por interés nacional” —la opción intermedia— tendría efectos más limitados, con un recorte máximo de unos 45 millones de dólares.

Factores políticos en juego

Más allá de los indicadores técnicos, en Bogotá existe la percepción de que la decisión de Trump podría estar marcada por consideraciones políticas. En un contexto de tensiones ideológicas con la administración Petro, que ha mantenido un respaldo activo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela mientras Washington endurece su presión sobre Caracas, algunos creen que la Casa Blanca podría aprovechar el mecanismo de certificación como una herramienta de presión diplomática.

“Es una decisión política y eso le corresponde a Estados Unidos. Nosotros defendemos la soberanía de nuestro territorio y seguramente eso puede causar alguna situación de tensión por el momento que estamos viviendo”, manifestó la canciller Rosa Yolanda Villavicencio.

En todo caso, el gobierno colombiano ha insistido en que, más allá del resultado, la relación bilateral debe mantenerse en pie. “Después de la decisión seguiremos hablando, dialogando. Si hay diferencias, seguir discutiendo en cómo lo resolvemos y trabajar sobre todo en donde tenemos coincidencias e intereses comunes”, concluyó García-Peña.

Un pulso decisivo

El desenlace de este proceso marcará un nuevo capítulo en la relación entre Colombia y Estados Unidos, que desde hace cuatro décadas han mantenido una estrecha cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Una eventual descertificación supondría un retroceso histórico y abriría interrogantes sobre la sostenibilidad de los programas conjuntos en materia de seguridad, desarrollo rural y sustitución de cultivos.

La fecha límite de este lunes coloca al país en la antesala de una decisión crucial, cuyo impacto irá más allá del ámbito bilateral y tendrá repercusiones regionales y globales. Mientras tanto, tanto en Washington como en Bogotá, la expectativa se mantiene en vilo y el debate sobre los resultados, los compromisos y la política antidrogas se reaviva en medio de una coyuntura cargada de tensiones políticas y desafíos de seguridad.