El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, ordenó iniciar sin demora los procedimientos de deportación de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular que estén involucrados en actividades delictivas o tengan anotaciones, durante un consejo de seguridad realizado el miércoles 28 de octubre en Bogotá.
La instrucción fue impartida al director de Migración Colombia, José Luis Castañeda, en una reunión en la que participaron el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, integrantes de su equipo de gobierno y la cúpula militar.
“Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación”, afirmó el mandatario al explicar la directriz.
De La Espriella sostuvo que la respuesta a la situación migratoria de la capital debe desarrollarse dentro del marco legal y mediante una mayor coordinación entre el Gobierno nacional y la administración distrital.
Según las cifras citadas en el anuncio presidencial, Bogotá concentra más de 148.000 migrantes venezolanos en condición irregular. Sin embargo, el mandatario no precisó qué tipo de anotaciones se tendrán en cuenta ni cuántas personas podrían quedar sujetas a los procedimientos migratorios.
La medida deberá ajustarse al procedimiento legal
La deportación de ciudadanos extranjeros en Colombia está regulada por el Decreto 1067 de 2015 y otras disposiciones migratorias. La decisión corresponde a Migración Colombia, que debe determinar si se configura alguna de las causales legales y adoptar la medida mediante el procedimiento administrativo correspondiente. <Cite refs={["turn981220search1","turn981220search2"]}/>
La normativa distingue entre los antecedentes penales, que corresponden a condenas judiciales ejecutoriadas, y las anotaciones, que pueden incluir registros de información o inteligencia. Por ello, una anotación no equivale necesariamente a una condena penal. <Cite refs={["turn981220search1","turn981220search13"]}/>
Migración Colombia señala, además, que los procedimientos administrativos deben garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y la posibilidad de presentar pruebas y utilizar los recursos establecidos por la ley. <Cite refs={["turn981220search2","turn981220search11"]}/>
Controles contra las estructuras criminales
Durante el consejo de seguridad, el presidente anunció que el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá realizarán reuniones mensuales para evaluar los resultados de la estrategia, con responsables, plazos y metas verificables.
Entre las organizaciones que el mandatario identificó como objetivos prioritarios figuran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Tren de Aragua, Los Ingenieros y El Mesa.
Las acciones se concentrarán especialmente en las localidades de Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar, con énfasis en la protección de comerciantes y transportadores afectados por la extorsión. También se anunciaron medidas para reforzar la seguridad en Sumapaz y el corredor de Usme.
El plan contempla, asimismo, intensificar los controles en los establecimientos penitenciarios para impedir que personas privadas de la libertad continúen ordenando extorsiones y otros delitos.
De La Espriella indicó que los detenidos que presuntamente sigan delinquiendo desde prisión serán trasladados a centros de reclusión de otros departamentos, como parte de las medidas para limitar la capacidad de operación de las organizaciones criminales.
Operación Kratos dejó 172 capturados
La estrategia fue anunciada después de la Operación Kratos, un despliegue realizado durante la madrugada del miércoles 28 de octubre en Bogotá.
Según el balance divulgado por el Gobierno, el operativo incluyó 114 allanamientos y dejó 172 capturados: 104 mediante orden judicial y 68 en flagrancia. En las acciones participaron más de 1.400 integrantes de la Policía Nacional, el Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.
Las autoridades reportaron capturas relacionadas con concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, hurto, porte ilegal de armas y homicidio, entre otras conductas.
También informaron sobre la incautación de armas de fuego, granadas, municiones, teléfonos celulares, sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.
El Gobierno presentó la operación como parte de una ofensiva más amplia contra las estructuras criminales que operan en la capital. Los resultados y el alcance de las medidas anunciadas serán objeto de seguimiento en los consejos de seguridad mensuales.
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