La instrucción fue impartida durante un consejo de seguridad realizado el domingo 23 de agosto, en medio de las preocupaciones del Gobierno por la presencia de estructuras criminales que estarían aprovechando los flujos migratorios para desarrollar actividades ilegales en diferentes regiones del país.
“Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos, para que le quede claro a todo el mundo”, afirmó el mandatario al referirse a su política migratoria.
Sin embargo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aclaró posteriormente que la directriz presidencial no está dirigida contra los ciudadanos venezolanos que llegaron a Colombia durante los años más críticos de la crisis migratoria y que fueron regularizados por el Estado colombiano.
Según Lara, entre 2019 y 2021 ingresaron al país cerca de dos millones de venezolanos y la gran mayoría fue incorporada a los mecanismos de regularización establecidos por las autoridades.
“El presidente no se refiere a los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis”, afirmó el ministro en declaraciones a Noticias Caracol.
La prioridad: combatir las redes criminales
La explicación del Gobierno apunta principalmente a las organizaciones que estarían utilizando el territorio colombiano como corredor para el tráfico irregular de personas hacia Centroamérica y posteriormente hacia Estados Unidos.
Lara señaló particularmente la situación que se registra en la región del Darién, donde organizaciones criminales habrían convertido el tránsito de migrantes en una fuente de ingresos.
“Colombia no puede convertirse en un punto de paso”, sostuvo el ministro, al insistir en que el Estado debe actuar contra las estructuras que se lucran con el movimiento irregular de personas.
En ese contexto, el funcionario relacionó la política migratoria con la lucha contra delitos como el tráfico y la trata de personas, fenómenos que, según explicó, no se limitan a las redes de explotación sexual, sino que también incluyen organizaciones dedicadas a facilitar ilegalmente el desplazamiento de migrantes.
El Clan del Golfo, entre las organizaciones señaladas
Al explicar quiénes estarían detrás de estas actividades, Lara mencionó directamente al Clan del Golfo, estructura criminal que tiene presencia en zonas estratégicas de la región del Darién.
“Se refiere a las redes criminales, a los que se están lucrando, particularmente con el paso de migrantes ilegales en el Darién”, afirmó el ministro.
Posteriormente mencionó al Clan del Golfo entre las organizaciones que, según el Gobierno, estarían obteniendo beneficios económicos de esta actividad.
La administración nacional sostiene que estas estructuras aprovechan el movimiento de personas para desarrollar diferentes actividades ilícitas y que, por esa razón, la respuesta estatal debe involucrar tanto a las autoridades migratorias como a los organismos de seguridad.
¿Qué pasará con los venezolanos regularizados?
Uno de los principales interrogantes surgidos después del anuncio presidencial estaba relacionado con la situación de los ciudadanos venezolanos que viven actualmente en Colombia.
Lara fue enfático al señalar que quienes ingresaron al país durante la crisis migratoria, fueron acogidos por los mecanismos de protección establecidos por el Estado y se encuentran regularizados no serán considerados migrantes ilegales por esta medida.
“Los venezolanos que llegaron básicamente a Colombia y que recibieron este régimen de protección por parte del Gobierno colombiano y que se insertaron no son migrantes ilegales de ninguna manera”, afirmó.
El ministro agregó que una parte de esa población ya regresó a Venezuela, mientras que otros ciudadanos permanecieron en Colombia y se integraron a la sociedad.
De acuerdo con la explicación oficial, los operativos anunciados por el Gobierno estarán enfocados principalmente en extranjeros vinculados con delitos y en las estructuras criminales que se benefician del tráfico irregular de personas.
La orden presidencial pone nuevamente la política migratoria en el centro del debate nacional y plantea un desafío para las autoridades: reforzar el control sobre los flujos migratorios irregulares sin afectar a los extranjeros que permanecen legalmente en Colombia y cumplen con las normas establecidas por el Estado.
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