La decisión fue anunciada por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quien explicó que el Gobierno revisará tanto las condiciones económicas como jurídicas y operativas del modelo antes de permitir su implementación.
Uno de los principales motivos de preocupación es el posible incremento en el precio que tendrían que asumir los ciudadanos para obtener su licencia. De acuerdo con las estimaciones conocidas, el costo del proceso podría pasar de aproximadamente $1,4 millones a más de $2,2 millones, lo que representaría un aumento de hasta $800.000.
“Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados”, afirmó la ministra Noguera.
¿Qué son los CALE?
Los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación fueron contemplados en la Ley 2251 de 2022, conocida como Ley Julián Esteban, con el propósito de modificar el sistema utilizado para evaluar a quienes aspiran a obtener una licencia de conducción.
La iniciativa buscaba separar la formación de la evaluación. Actualmente, las escuelas de conducción o Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) capacitan a los aspirantes y participan en su proceso de evaluación.
El nuevo modelo pretendía que las escuelas continuaran encargándose de la enseñanza, mientras que los exámenes finales fueran realizados por los CALE, con el propósito de reducir posibles conflictos de interés, unificar los criterios de evaluación y disminuir las posibilidades de fraude o irregularidades.
Un examen igual para todo el país
El esquema contemplaba tres etapas de evaluación.
La primera sería una prueba teórica de 50 preguntas, seleccionadas aleatoriamente de una base de 5.000 preguntas relacionadas con normas de tránsito, conocimientos técnicos, ética vial y primeros auxilios. Para aprobarla sería necesario responder correctamente al menos el 80 %.
La segunda correspondería a una prueba de conducción en pista, destinada a comprobar las habilidades básicas y el dominio del vehículo.
Finalmente, el aspirante tendría que superar una prueba en vía pública, en la que se evaluarían aspectos como el cumplimiento de las normas, la capacidad de reaccionar ante situaciones imprevistas y la toma de decisiones durante la conducción.
El sistema también contemplaba mecanismos tecnológicos y biométricos para verificar la identidad del aspirante y garantizar la trazabilidad de todo el proceso.
Uno de los objetivos centrales era que las pruebas fueran estandarizadas en todo el territorio nacional, de manera que los requisitos para demostrar la capacidad de conducir fueran los mismos independientemente de la ciudad o departamento.
La UNAD, en el centro del modelo
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) fue seleccionada como operador del esquema debido, entre otros factores, a su cobertura nacional y capacidad tecnológica.
Sin embargo, el proceso generó cuestionamientos y controversias jurídicas por la participación de otras instituciones de educación superior públicas y por el alcance económico del contrato, cuya proyección llegó a ser estimada en varios billones de pesos durante las próximas dos décadas.
Precisamente, estos aspectos forman parte de los elementos que ahora serán revisados por el Ministerio de Transporte.
¿Qué ocurrirá con las licencias?
Por ahora, el sistema tradicional continuará funcionando. Las escuelas de conducción seguirán impartiendo la formación y realizando los procedimientos de evaluación correspondientes, bajo la supervisión de las autoridades de tránsito.
La suspensión de la entrada en operación de los CALE no significa que la Ley 2251 de 2022 haya sido eliminada. El Gobierno revisará el modelo para determinar si los costos adicionales para los usuarios están debidamente justificados y si el esquema contratado cumple con los principios de eficiencia, transparencia y legalidad.
También deberá establecerse si la implementación de los CALE realmente contribuiría a mejorar la formación de los conductores y, especialmente, a reducir los accidentes y las muertes en las carreteras del país.
La ministra Noguera señaló que cualquier decisión definitiva se adoptará respetando el debido proceso y la seguridad jurídica.
Por ahora, quienes adelanten el trámite para obtener su licencia de conducción no tendrán que someterse al nuevo esquema de los CALE, mientras el Ministerio concluye la revisión anunciada.
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