La verificación representa un respaldo técnico a la estrategia oficial de privilegiar la sustitución concertada con las comunidades campesinas sobre la erradicación forzada de los cultivos ilícitos.
Según información divulgada por El Tiempo, la certificación fue realizada por el programa de monitoreo de sustitución de cultivos de la Unodc, que confirmó que esas 15.000 hectáreas dejaron de destinarse a la producción de coca para incorporarse a economías lícitas.
Durante su intervención ante el Congreso, Petro aseguró que el resultado fue posible gracias al diálogo con comunidades de departamentos como Nariño, Putumayo y Norte de Santander.
"Logré simplemente hablando, simplemente ganando la confianza campesina... que el mismo campesino arrancara la mata de raíz y sustituyera", afirmó el mandatario.
El presidente también sostuvo que ya existen 32.000 hectáreas sustituidas y anticipó que Naciones Unidas certificaría esa cifra en agosto. Sin embargo, hasta el momento la Unodc únicamente ha confirmado oficialmente las primeras 15.000 hectáreas.
Las zonas verificadas se encuentran principalmente en Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Chocó, Antioquia y Vichada, regiones históricamente afectadas por la presencia de economías ilegales y grupos armados.
Persisten cifras históricas de cultivos ilícitos
Aunque la ONU respaldó el avance de la sustitución voluntaria, el panorama nacional continúa mostrando un crecimiento sostenido de los cultivos de coca.
El más reciente informe oficial de la Unodc señala que Colombia alcanzó en 2023 un total de 253.000 hectáreas sembradas con coca, la cifra más alta registrada hasta ese momento, junto con una producción potencial de 2.664 toneladas de clorhidrato de cocaína.
De acuerdo con cifras extraoficiales citadas por El Tiempo, durante 2024 esos indicadores habrían aumentado hasta 262.000 hectáreas cultivadas y cerca de 3.001 toneladas potenciales de cocaína.
Diversos analistas han advertido que la reducción de las labores de erradicación manual, paralela al fortalecimiento de la sustitución voluntaria, ha coincidido con el incremento de los narcocultivos.
Las diferencias también son evidentes en las cifras de remoción de cultivos. Mientras en 2020 las autoridades reportaron la destrucción de aproximadamente 130.000 hectáreas de coca, datos del Ministerio de Defensa indican que durante 2025 apenas fueron removidas poco más de 8.000 hectáreas.
El informe de Naciones Unidas también advierte que los cultivos continúan concentrándose en un número reducido de municipios. De los 1.122 municipios del país, 180 registran presencia de coca y casi la mitad del área cultivada se concentra en apenas diez de ellos.
Entre los territorios con mayor crecimiento aparecen Tumaco (Nariño) y Tibú (Norte de Santander), considerados corredores estratégicos para el narcotráfico y escenarios prioritarios de la política de Paz Total.
La certificación de las 15.000 hectáreas constituye un respaldo a la política de sustitución voluntaria impulsada por el Gobierno, aunque los indicadores nacionales mantienen el desafío de contener la expansión de los cultivos ilícitos y de la producción potencial de cocaína.
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