*Las diligencias fueron asumidas por la Dirección Especializada contra la Corrupción tras las revelaciones de Semana sobre un supuesto entramado de cobros a empresarios para facilitar el acceso a contratos estatales. La defensa de Juliana Guerrero rechazó las acusaciones y aseguró que no existen pruebas que la comprometan.
La Fiscalía General de la Nación anunció este lunes 27 de julio de 2026 la apertura de una investigación formal contra Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, por su presunta participación en un esquema de sobornos y tráfico de influencias relacionado con la adjudicación de contratos públicos.
Según informó el ente acusador, la Policía Judicial recibió la orden de iniciar la recolección y verificación de pruebas que involucran a las dos hermanas. El expediente fue remitido a la Dirección Especializada contra la Corrupción, dependencia encargada de establecer si existió una red de contratación irregular al interior del Gobierno nacional.
La decisión se produjo luego de las revelaciones publicadas por la revista Semana, que presentó chats, audios, boletos aéreos, comprobantes de transferencias y testimonios que, según la investigación periodística, evidenciarían un presunto sistema de cobros a empresarios interesados en acceder a contratos de los ministerios de Vivienda y del Interior.
Supuesto esquema de cobros
De acuerdo con la publicación, las actividades investigadas se habrían desarrollado entre mediados de 2024 y marzo de 2025. Entre las pruebas figura una presunta tabla de tarifas mediante la cual se solicitaba un millón de pesos por cada reunión con funcionarios, un anticipo de 200 millones de pesos y un pago equivalente al 10 % del valor total de los proyectos que eventualmente fueran adjudicados.
Los documentos conocidos hasta ahora indican que Juliana Guerrero habría actuado como enlace con funcionarios del Gobierno, mientras que Verónica Guerrero, junto con David Trespalacios, presuntamente mantenía contacto directo con empresarios interesados en los contratos y coordinaba el manejo de los recursos.
Tres personas consultadas por Semana, entre ellas dos empresarios que solicitaron mantener en reserva su identidad, afirmaron haber recibido propuestas para participar en proyectos relacionados con cámaras de seguridad, obras de acueducto en el departamento del Cesar y programas de vivienda.
Uno de los empresarios aseguró que el acuerdo contemplaba el pago de 35 millones de pesos por cada municipio en el que obtuvieran contratos, además del 10 % correspondiente a los proyectos de mejoramiento de vivienda.
Los elementos que analiza la Fiscalía
La investigación también menciona un supuesto vínculo con Edward Libreros, quien para la época se desempeñaba como viceministro de Agua y Saneamiento Básico.
Entre las evidencias presentadas aparecen registros de tiquetes aéreos para un viaje de Verónica Guerrero a Aguachica, en diciembre de 2024, así como conversaciones de WhatsApp en las que se hace referencia a gestiones realizadas por Juliana Guerrero con el funcionario.
En uno de los mensajes divulgados se lee: "Mi hermana (Juliana) ya está en eso. Ya ella habló con él (Edward Libreros). Quedaron de verse para que ella le comente el compromiso".
Según la investigación de Semana, después de ese intercambio de mensajes se habría concretado un pago inicial relacionado con la presunta gestión.
La defensa niega las acusaciones
Tras conocerse las denuncias, la firma Alzate Hernández, apoderada de Juliana Guerrero, emitió un comunicado en el que negó de manera categórica cualquier participación de su representada en actividades ilícitas relacionadas con la contratación estatal.
La defensa sostuvo que Juliana Guerrero no participó en reuniones, pagos ni gestiones ilegales ante ministerios o entidades públicas y aseguró que no existen pruebas que demuestren su responsabilidad en los hechos denunciados.
A través del comunicado, Guerrero explicó que había optado por guardar silencio mientras avanzaban las investigaciones y manifestó su confianza en que sea la justicia la encargada de esclarecer los hechos.
"Durante los últimos meses he guardado un prudente silencio por respeto a las investigaciones que se adelantan en mi contra y por la convicción de que es la administración de justicia, y no los escenarios mediáticos, el espacio llamado a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades", señaló.
La exfuncionaria agregó que decidió pronunciarse públicamente porque su silencio estaba siendo interpretado de manera equivocada.
"Sin embargo, ese silencio no puede seguir interpretándose como una aceptación de las acusaciones injustas y reiteradas que se han formulado en mi contra", indicó.
Mientras tanto, la Fiscalía continuará con la práctica de pruebas para determinar si existen méritos suficientes para formular imputaciones o adoptar nuevas decisiones dentro del proceso, que permanece en etapa de investigación.
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