*El ministro de Justicia
designado, Iván Cancino, liderará una ambiciosa agenda que contempla eliminar
la audiencia de imputación, reorganizar el proceso penal, fortalecer la
justicia restaurativa, endurecer la lucha contra el lavado de activos y revisar
el Código Penal.
El Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella tiene lista una hoja de ruta con 15 reformas estratégicas para transformar el sistema de justicia penal en Colombia. La implementación del plan estará a cargo del ministro de Justicia designado, Iván Cancino, quien asumirá el liderazgo del proceso desde el inicio de la nueva administración.
De acuerdo con fuentes de alto nivel del equipo de transición, el proyecto dejó de ser un conjunto de propuestas técnicas para convertirse en la principal apuesta del nuevo Gobierno en materia de política criminal y fortalecimiento institucional.
La iniciativa busca modernizar el sistema judicial, agilizar los procesos penales, reforzar los derechos de las víctimas y aumentar la eficacia en la lucha contra la criminalidad.
Eliminarían la audiencia de imputación
Uno de los cambios más significativos consiste en la eliminación de la audiencia de imputación.
Según la propuesta conocida por varios medios nacionales, la persona investigada pasaría directamente a la etapa de acusación formal, sin necesidad de la diligencia en la que la Fiscalía comunica inicialmente los delitos que le atribuye.
El objetivo de esta modificación es reducir los tiempos procesales y hacer más ágil el trámite de los procesos penales.
Reorganización del proceso judicial
La reforma también contempla una nueva distribución de funciones entre los jueces.
La propuesta establece que un mismo juez se encargue del proceso desde la acusación hasta la audiencia preparatoria, mientras que un juez o tribunal diferente conozca exclusivamente del juicio oral.
Con este modelo, el Gobierno busca fortalecer la imparcialidad de las decisiones judiciales y garantizar mayor independencia entre las distintas etapas del proceso penal.
Menor participación del Ministerio Público
Otro de los cambios planteados consiste en reducir o eliminar la intervención del Ministerio Público en los procesos penales ordinarios.
Los funcionarios que actualmente desempeñan esas labores serían trasladados a áreas consideradas prioritarias para mejorar la eficiencia en la prestación del servicio de justicia.
Nuevo órgano para investigar a jueces y fiscales
El documento también propone la creación de un organismo jurisdiccional independiente encargado de investigar y acusar penalmente a los administradores de justicia.
La medida pretende fortalecer los mecanismos de control interno y aumentar la transparencia dentro de la Rama Judicial.
Paralelamente, el Ministerio de Justicia impulsará un programa nacional de capacitación dirigido a fiscales e integrantes de la Policía Judicial para reducir errores procedimentales que, en algunos casos, terminan favoreciendo la libertad de personas procesadas.
Asimismo, la propuesta establece que cuando la Fiscalía solicite la absolución de un acusado, el juez deba decretarla de manera inmediata para evitar dilaciones innecesarias.
Más garantías para las víctimas
En los delitos contra el patrimonio económico, el Gobierno propondrá que las medidas no privativas de la libertad solo puedan concederse cuando el procesado garantice el pago del 50 % de la pretensión económica formulada por la Fiscalía.
La administración considera que esta medida fortalecerá la reparación integral de las víctimas y protegerá sus derechos patrimoniales durante el proceso penal.
Revisión del Código Penal
Otro de los ejes de la reforma será una revisión integral del Código Penal para eliminar conductas que el nuevo Gobierno considere innecesarias dentro del sistema punitivo.
Con ello se pretende reducir la congestión judicial y carcelaria, concentrando los esfuerzos del Estado en los delitos de mayor gravedad e impacto social.
Justicia restaurativa y lucha contra el lavado de activos
La hoja de ruta también contempla fortalecer los preacuerdos judiciales bajo criterios de proporcionalidad entre la colaboración del procesado, el daño ocasionado y la reparación de las víctimas.
Igualmente, se ampliará la cobertura de las Casas de Justicia y de los mecanismos de justicia restaurativa como alternativas para resolver determinados conflictos penales.
En materia de criminalidad organizada, el combate al lavado de activos será uno de los pilares de la nueva política criminal mediante una estrategia interinstitucional orientada a perseguir con mayor contundencia las finanzas ilícitas.
Además, el Gobierno anunció que fortalecerá institucional y presupuestalmente la Defensoría del Pueblo para ampliar su capacidad de protección de los derechos ciudadanos.
Cambios frente a la JEP y relación con las altas cortes
Dentro del paquete de reformas también se prevén modificaciones en la conformación de los comités y comisiones asesoras del Gobierno en materia de política criminal.
El Ministerio de Justicia ejercerá una veeduría crítica sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con seguimiento permanente a sus decisiones y resultados.
Finalmente, el nuevo Gobierno buscará mantener un diálogo institucional con la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y las demás altas cortes, con el propósito de fortalecer la coordinación entre las ramas del poder público.
Iván Cancino, quien lidera actualmente el proceso de empalme entre las administraciones de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, será el responsable de poner en marcha esta agenda desde el primer día del nuevo Gobierno.
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