El Juzgado Civil del Circuito de Aguadas (Caldas) confirmó en segunda instancia la sanción impuesta al agente especial interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, y al gerente regional Centro Occidente encargado, Luis Carlos Velandia Cortés, por desacatar una acción de tutela que ordenaba garantizar la atención integral de un menor diagnosticado con hidrocefalia y toxoplasmosis congénita.
La decisión deja en firme un arresto de tres días y una multa equivalente a 434 Unidades de Valor Básico (UVB) para cada uno de los funcionarios, es decir, cerca de 5,2 millones de pesos, al concluir que incumplieron de manera injustificada la orden judicial.
El fallo ratifica la decisión emitida el pasado 23 de junio por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Aguadas, que había declarado en desacato a ambos directivos luego de constatar que la entidad no garantizó la atención médica ordenada por la justicia.
El caso se originó en febrero de 2023, cuando un juez concedió una tutela para proteger los derechos fundamentales a la salud, la vida digna y la seguridad social de un menor de edad, ordenando a Nueva EPS suministrar un tratamiento integral que incluyera consultas especializadas, procedimientos, terapias, medicamentos y exámenes médicos, tanto dentro como fuera del Plan de Beneficios en Salud.
Sin embargo, en abril de 2026 la madre del niño promovió un incidente de desacato al denunciar que seguían pendientes múltiples servicios médicos, entre ellos controles por infectología, neurocirugía, neurología pediátrica, psicología, fonoaudiología y una tomografía de cráneo.
Durante el trámite, el juzgado requirió en varias oportunidades a Ospina y Velandia para que acreditaran el cumplimiento de la tutela o explicaran las razones del incumplimiento. Según el expediente, ninguno de los dos respondió ni demostró haber adelantado gestiones para garantizar la atención del menor.
La jueza María Magdalena Gómez Zuluaga concluyó que existió un incumplimiento injustificado de la orden judicial y que la conducta de los funcionarios afectó los derechos fundamentales del paciente.
El despacho también advirtió que la sanción no los exonera de cumplir inmediatamente la tutela, y recordó que, de persistir el desacato, podrán imponerse nuevas medidas hasta que se garantice la atención médica ordenada.
La decisión coincide con un momento crítico para Nueva EPS. Ese mismo día, la Corte Suprema de Justicia ordenó al interventor de la entidad, a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y a la Presidencia de la República presentar, en un plazo de 60 días, un plan de acción para cumplir gradualmente las tutelas pendientes, priorizando los casos de pacientes en riesgo grave e inminente.
Esta es la segunda sanción de arresto que recibe Jorge Iván Ospina desde que fue designado agente especial interventor de Nueva EPS, en abril de 2026. La primera fue impuesta por un juzgado de Bogotá por incumplir otra tutela relacionada con la atención de un afiliado.
Nueva EPS permanece bajo intervención forzosa de la Superintendencia Nacional de Salud desde abril de 2024, en medio de una profunda crisis por el incumplimiento de órdenes judiciales y la prestación de servicios a sus afiliados.
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