De acuerdo con el Auto de Sustanciación No. 01 del expediente 7187, la congresista ordenó la apertura de una investigación previa en materia penal y dispuso la práctica de diversas diligencias orientadas a establecer los hechos denunciados. El caso fue asignado a su despacho mediante la Resolución No. 481 del 3 de diciembre de 2025, expedida por la presidencia de la Comisión de Acusación.
Según el documento, la denuncia fue presentada contra el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego por presuntas conductas que podrían estar relacionadas con varios delitos contemplados en el Código Penal colombiano. Entre ellos figuran interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, utilización indebida de información privilegiada, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
La actuación judicial está relacionada con la compra de 17 aeronaves de combate anunciada por el Gobierno nacional. El objetivo de la investigación será determinar si existen elementos suficientes que permitan establecer la ocurrencia de las conductas denunciadas y la eventual responsabilidad de los involucrados.
Como parte de las decisiones adoptadas, Arizabaleta resolvió avocar formalmente el conocimiento de las diligencias y ordenar la apertura de una investigación previa en materia penal, conforme quedó consignado en la providencia.
Asimismo, el despacho dispuso la ruptura procesal de los aspectos disciplinarios y fiscales contenidos en la denuncia, con el fin de que dichos asuntos sean tramitados por separado bajo nuevos radicados y continúen de manera independiente a la actuación penal.
Citan al ministro de Defensa
Dentro de las pruebas decretadas figura la comparecencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien deberá rendir declaración bajo juramento ante la Comisión de Acusación para aportar información relacionada con los hechos objeto de investigación.
De igual manera, la representante investigadora ordenó solicitar documentación y antecedentes a diferentes organismos del Estado. Entre ellos se encuentran la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, entidades a las que se les requirió copia íntegra de los procesos que actualmente adelantan sobre los mismos hechos denunciados.
En el caso de la Procuraduría, la solicitud está relacionada con el proceso disciplinario que se adelanta contra el presidente Petro por asuntos vinculados con la compra de los 17 aviones de combate anunciada el 14 de noviembre de 2025. Por su parte, la Contraloría deberá remitir la documentación correspondiente a cualquier proceso de responsabilidad fiscal que se encuentre en curso sobre este asunto.
Otra de las decisiones incluidas en el auto fue la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe los hechos denunciados respecto de la primera dama, Verónica Alcocer, y determine si existen méritos para adelantar actuaciones dentro de su ámbito de competencia.
Paralelamente, se ordenó la vinculación del delegado del Ministerio Público ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, quien participará en las diligencias correspondientes durante el desarrollo del proceso.
Con estas actuaciones, la representante Gloria Arizabaleta dio inicio formal a una nueva investigación contra el presidente Gustavo Petro. El expediente permanecerá en etapa de investigación previa mientras se practican las pruebas ordenadas, se reciben los testimonios programados y se recopila la información solicitada a las distintas entidades estatales.
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