De la Espriella, Cepeda y Valencia recibirán millonarios reembolsos por reposición de votos, tras las presidenciales

La primera vuelta presidencial del 31 de mayo no solo definió a los dos candidatos que disputarán la Presidencia de Colombia en segunda vuelta, sino que también dejó un fuerte impacto financiero para varias campañas. Al menos siete de los once aspirantes que participaron en la contienda no tendrán derecho a recibir recursos por concepto de reposición de gastos de campaña debido a que no alcanzaron el umbral mínimo exigido por la ley.

La reposición de votos es el mecanismo mediante el cual el Estado reconoce y devuelve parte de los recursos invertidos por los candidatos y partidos políticos durante sus campañas, tomando como referencia la cantidad de votos válidos obtenidos. Sin embargo, este beneficio no es automático.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 996 de 2005, los aspirantes presidenciales deben obtener al menos el 4 % de los votos válidos para acceder a estos recursos. En las elecciones de este año, ese umbral se ubicó cerca de los 950.000 sufragios.

Entre los candidatos que no alcanzaron esa meta se encuentra Claudia López, cuya campaña reportó gastos cercanos a los 150 millones de pesos. La exalcaldesa de Bogotá obtuvo alrededor de 225.000 votos, una cifra insuficiente para acceder a la reposición estatal.

La misma situación enfrentan Roy Barreras, que reportó gastos por 113 millones de pesos y consiguió apenas 14.108 votos; Miguel Uribe Londoño, que declaró inversiones por 661 millones de pesos y recibió 28.657 sufragios; y Mauricio Lizcano, que registró gastos por más de 2.171 millones de pesos y obtuvo el respaldo de 53.839 electores.

Tampoco tendrán derecho a reposición de gastos los candidatos Sondra Macollins, Gustavo Matamoros y Santiago Botero, quienes quedaron muy por debajo del umbral exigido por la legislación electoral.

Uno de los aspirantes que logró superar por poco la barrera legal fue Sergio Fajardo. El candidato de Dignidad y Compromiso alcanzó 1.009.000 votos, apenas unos 60.000 por encima del mínimo requerido. Gracias a ello podrá reclamar los 1.737 millones de pesos que reportó como gastos de campaña ante las autoridades electorales.

Los mayores beneficiados

Mientras varios candidatos deberán asumir sus gastos sin apoyo estatal, otros recibirán importantes sumas por concepto de reposición.

El candidato de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, quien obtuvo la mayor votación de la primera vuelta con 10.361.499 sufragios, reportó gastos de campaña por 31.915 millones de pesos. Esa cifra podrá ser cubierta en su totalidad mediante el mecanismo de reposición, siempre que supere los procesos de verificación establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Por su parte, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y segundo clasificado a la segunda vuelta presidencial, registró gastos por 14.217 millones de pesos. Con los 9.688.361 votos obtenidos, también podrá acceder a la devolución completa de los recursos reportados.

Otro caso destacado es el de Paloma Valencia. Aunque fue la tercera candidata más votada con 1.639.685 sufragios, equivalentes al 6,92 % del total nacional, los recursos que recibirá serán inferiores a los gastos reportados. La dirigente del Centro Democrático declaró inversiones por 31.164 millones de pesos, pero la reposición estatal alcanzaría aproximadamente los 14.217 millones de pesos.

Un filtro clave para las campañas

Aunque las cifras preliminares permiten proyectar cuánto dinero podrían recibir los candidatos, la entrega definitiva de los recursos dependerá de la revisión que realice el Consejo Nacional Electoral sobre los informes financieros presentados por cada campaña.

La autoridad electoral deberá verificar que los gastos reportados cumplan con las normas de financiación política y que estén debidamente soportados. Solo después de ese proceso se determinará el monto exacto que será reconocido por el Estado.

La situación evidencia cómo el sistema de reposición de votos funciona también como un filtro para medir la viabilidad electoral de las campañas. Mientras algunos aspirantes recuperarán gran parte de sus inversiones, otros deberán asumir completamente los costos de una candidatura que no logró el respaldo suficiente en las urnas.