La preocupación aumentó luego de los disturbios registrados el pasado 3 de junio en la Universidad de Antioquia, en Medellín, donde cerca de 40 encapuchados protagonizaron enfrentamientos con la fuerza pública. Durante los hechos, uno de los participantes fue grabado utilizando un arma de fuego contra vehículos de la Policía.
Tras las investigaciones, las autoridades capturaron a Diego Manuel Guzmán Gallón, conocido con el alias de “Cuervo”, de 27 años. En el allanamiento realizado a su vivienda, ubicada en el barrio Castilla de Medellín, fueron halladas banderas del ELN, prendas militares, falsas credenciales de periodista y defensor de derechos humanos, un dron y material relacionado con la fabricación de explosivos.
Según informes de inteligencia conocidos por las autoridades, alias “Cuervo” sería señalado como coordinador de manifestaciones violentas y tendría experiencia en el adoctrinamiento de jóvenes y la elaboración de artefactos explosivos.
Estos hallazgos han reforzado las preocupaciones sobre una posible infiltración de grupos armados ilegales en algunas protestas y manifestaciones que se han registrado en diferentes ciudades del país durante el proceso electoral.
El tema ha sido mencionado por varios dirigentes políticos. El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró recientemente que existen sectores interesados en promover un nuevo estallido social para desconocer los resultados electorales en caso de una derrota de la izquierda.
Las alertas no se limitan a Medellín. En Cali, el concejal Juan Felipe Murgueitio denunció la existencia de un grupo de WhatsApp con cerca de 500 integrantes que estaría promoviendo posibles disturbios si Abelardo de la Espriella resulta elegido presidente.
La denuncia coincidió con los hechos registrados en la Universidad del Valle, donde se suspendieron las actividades académicas tras la convocatoria de un paro estudiantil que se extendería hasta después de la segunda vuelta presidencial. Según el rector de la institución, existe información que indica que algunas de las personas que participan en las protestas no pertenecen a la comunidad universitaria.
En Bogotá también se han presentado enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la Policía en inmediaciones de la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica. Las autoridades investigan posibles planes orientados a generar alteraciones del orden público durante las próximas semanas.
Frente a este panorama, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita prevenir actos violentos relacionados con el proceso electoral.
Las autoridades insistieron en que respetan el derecho a la protesta pacífica, pero advirtieron que actuarán con firmeza frente a cualquier acción que busque afectar la seguridad ciudadana o alterar el desarrollo democrático de la segunda vuelta presidencial.
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