Gobierno anuncia posible anulación de más de 5,8 millones de fotomultas en Colombia por presuntas irregularidades

El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron una de las decisiones más importantes relacionadas con fotomultas en Colombia, tras detectar presuntas irregularidades en millones de comparendos impuestos entre 2018 y 2024.

La investigación involucra a 37 organismos de tránsito del país y podría terminar con la anulación de más de 5,8 millones de multas que, según las autoridades, habrían sido impuestas sin cumplir los requisitos técnicos exigidos por la ley.

De acuerdo con el Gobierno nacional, varias cámaras de fotodetección operaron sin contar con los conceptos técnicos obligatorios expedidos por el Instituto Nacional de Metrología, documento indispensable para validar legalmente el funcionamiento de estos sistemas.

La Superintendencia de Transporte reveló que revisó 533 cámaras autorizadas y encontró múltiples inconsistencias. Según el informe, 12 organismos de tránsito comenzaron a operar cámaras sin concepto técnico de desempeño, siete utilizaron permisos expedidos a terceros y otras 18 entidades habrían obtenido las autorizaciones después de iniciar operaciones.

Las irregularidades estarían relacionadas con incumplimientos de la Ley 2251 de 2022 y de la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, situación que podría dejar sin validez jurídica millones de comparendos.

En total, las autoridades revisan cerca de 7,6 millones de fotomultas. De esa cifra, 5.832.906 comparendos serían anulados si se confirma que fueron impuestos irregularmente.

Uno de los aspectos que más preocupación genera tiene que ver con las multas que ya fueron pagadas por los ciudadanos. Según el reporte oficial, existen más de 1,58 millones de comparendos cancelados, que representan recaudos superiores a 1,05 billones de pesos.

De comprobarse las irregularidades, esos recursos podrían ser devueltos a los conductores afectados. Sin embargo, el Ministerio aclaró que la devolución no será automática y que cada ciudadano deberá iniciar un proceso legal para reclamar el dinero.

El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, explicó que los afectados tendrán que presentar reclamaciones contra los organismos de tránsito responsables e incluso sugirió la posibilidad de impulsar acciones populares colectivas.

Entre las ciudades con más casos investigados aparecen Cali, con cerca de 2,7 millones de fotomultas cuestionadas; Medellín, con más de 717.000; Bogotá, con aproximadamente 294.000; y Barranquilla, con más de 131.000 comparendos bajo revisión.

La lista también incluye municipios como Santa Marta, Bello, Itagüí, Sabaneta, Villavicencio, Montería, Palmira y Popayán, entre otros.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la investigación busca proteger los derechos de los ciudadanos y evitar que las fotomultas se conviertan en mecanismos de recaudo por fuera de la ley.

“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley”, afirmó la funcionaria durante la presentación del informe oficial.