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La medida fue adoptada pocas horas antes del evento, programado para las 5:00 p. m., y se sustentó en que, según el mandatario local, la actividad constituía una “apología al terrorismo” y tenía un “carácter evidentemente político” en el contexto de la Ley de Garantías, vigente por la campaña presidencial.
“El M-19 no fue un ‘relato romántico’: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia”, expresó Gutiérrez a través de su cuenta en la red social X, aludiendo a hechos como el holocausto del Palacio de Justicia, uno de los episodios más trágicos asociados a esa guerrilla.
Cancelación de evento académico
El libro, escrito por Jaime Rafael Nieto López, iba a ser presentado con la participación del politólogo Freddy Chaverra y el profesor universitario José Miguel Sánchez. El evento estaba previsto como una actividad académica de acceso libre en el hall central de la biblioteca.
El alcalde también justificó su decisión en el respeto a la memoria de las víctimas del conflicto armado y en la restricción de actividades políticas en entidades públicas durante la vigencia de la Ley de Garantías. Además, cuestionó que desde la institución cultural se hubiera autorizado la actividad.
“Inaceptable que alguien de la Biblioteca hubiera permitido esta agenda. Aquí defendemos la legalidad. La Alcaldía de Medellín, ni mucho menos yo, nos vamos a prestar para esto”, afirmó.
Reacciones y acusaciones de censura
La cancelación provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios calificaron la decisión como un acto de censura. El debate se intensificó tras la intervención del presidente de la República, Gustavo Petro, quien rechazó públicamente la medida.
“El M-19, después de hacer la paz, es un movimiento legal con personería jurídica. Lo que hace usted es una censura a un libro”, escribió Petro en X, comparando la decisión con prácticas históricas de persecución ideológica. “El que censura libros termina quemándolos en hoguera”, agregó.
El mandatario también aprovechó para destacar las políticas culturales de su gobierno, señalando la creación de más de 300 bibliotecas rurales y el incremento del presupuesto del Ministerio de Cultura. En ese contexto, insistió en la importancia de garantizar la libertad de pensamiento y el acceso a la información.
Tensión política en aumento
El episodio se suma a un ambiente de creciente tensión política entre el Gobierno nacional y la administración local de Medellín. La controversia no solo gira en torno al contenido del libro, sino también al papel de las instituciones públicas frente a la memoria histórica y la libertad de expresión.
Mientras la Alcaldía defiende su decisión como una postura en favor de las víctimas y la legalidad, sus críticos consideran que se trata de una restricción indebida al debate académico y a la circulación de ideas.
Otro frente de confrontación
En paralelo, el presidente Petro también se pronunció sobre otro hecho ocurrido en Medellín, relacionado con presuntos abusos por parte de Gestores de Convivencia de la Alcaldía. A través de redes sociales, ordenó a la Policía Nacional intervenir para evitar posibles excesos de estos funcionarios, tras la difusión de un video en el que se observa a algunos de ellos agrediendo a civiles en una plaza pública.
“La ciudadanía de Medellín no merece esta arremetida de bandas fascistas a sueldo público”, afirmó el jefe de Estado, elevando el tono del enfrentamiento político.
Este pronunciamiento se apoya en advertencias previas de la Defensoría del Pueblo, que desde octubre de 2025 había señalado la ilegalidad de que estos gestores utilicen la fuerza o asuman funciones propias de cuerpos armados como la Policía.
Debate abierto
La cancelación del evento y las posteriores reacciones evidencian un debate de fondo en Colombia: el equilibrio entre la memoria histórica, el respeto a las víctimas, la libertad de expresión y el uso de espacios públicos para discusiones políticas.
Mientras algunos sectores consideran que el libro podría reinterpretar de manera indebida el pasado violento del M-19, otros defienden la necesidad de analizar ese periodo desde una perspectiva académica y plural.
El caso deja en evidencia las tensiones entre distintas visiones sobre el conflicto armado y su legado, así como los desafíos de gestionar estos debates en un contexto electoral. Por ahora, la polémica sigue abierta y refleja una vez más la profunda polarización política que atraviesa el país.
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