En su intervención, el ministro señaló directamente al presidente de la Andi, Bruce Mac Master, al afirmar que los empresarios no están financiando el sistema como aseguran. Según explicó, una norma vigente desde 2012 —expedida durante el gobierno de Juan Manuel Santos— eliminó el aporte patronal en salud para ciertos trabajadores, trasladando esa carga al presupuesto público.
“Los empresarios no pagan salud”, sostuvo Jaramillo, al indicar que actualmente el sistema se sostiene principalmente con recursos del Estado y aportes de los trabajadores.
El ministro respaldó sus afirmaciones con cifras. Indicó que entre 2018 y 2025 los empresarios habrían dejado de aportar alrededor de $52 billones al sistema, mientras que solo en 2025 la exención alcanzaría los $19,5 billones. Según el funcionario, estos recursos habrían sido suficientes para cubrir deudas acumuladas en el sector.
Denuncias por irregularidades en EPS
Además de la discusión sobre financiación, Jaramillo expuso hallazgos preocupantes tras auditorías realizadas entre 2020 y 2024. Uno de los más graves, según explicó, fue la detección de más de 308.000 cobros por servicios médicos a nombre de personas fallecidas.
“Esto es un robo a mano armada”, afirmó el ministro, al señalar que se estaban facturando atenciones que nunca ocurrieron.
A esto se suman casos de sobrecostos en medicamentos y servicios. Como ejemplo, mencionó una factura en la que un fármaco fue cobrado por 500 millones de pesos. En conjunto, estas irregularidades representarían más de $3,5 billones comprometidos.
Medidas y tensión con el sector privado
En respuesta a este panorama, el Gobierno ha tomado medidas como la revocatoria de licencias a EPS con problemas financieros y operativos, buscando que los responsables respondan por las deudas.
Las declaraciones del ministro se producen en medio del debate por la reforma al sistema de salud, en el que el Gobierno insiste en que el modelo actual depende en gran medida de recursos públicos, mientras que desde el sector empresarial se han defendido otras posturas sobre su nivel de aporte.
El cruce de visiones anticipa un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y los gremios, en un momento crítico para la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia.
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