El nuevo balance de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a sacudir uno de los capítulos más sensibles del conflicto armado: las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”. La cifra oficial ascendió a 7.837 víctimas, lo que amplía el alcance de estos crímenes y reabre el debate político y judicial en el país.
El incremento responde a ajustes técnicos en la investigación. Según explicó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, el nuevo cálculo amplía el periodo de análisis entre 1990 y 2016 e incorpora nuevas fuentes, como registros de la Procuraduría, además de cerca de mil casos que no habían sido incluidos previamente. El magistrado advirtió que el número podría seguir creciendo a medida que avancen las investigaciones.
Para las víctimas, el reconocimiento representa un paso significativo. Jaqueline Castillo, integrante de la organización Mafapo, señaló que durante años las familias han sostenido que la magnitud real de los hechos es mayor. Incluso, versiones de exmilitares ante la JEP apuntarían a que los casos podrían superar los 10.000.
Sin embargo, el informe también reavivó la confrontación política. El senador Iván Cepeda cuestionó directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, planteando que debería responder ante la justicia por estos hechos. Sus declaraciones surgieron en medio de la discusión sobre la posibilidad de que Uribe ocupe el cargo de ministro de Defensa.
La reacción desde el otro sector político no se hizo esperar. La senadora Paloma Valencia defendió la gestión del exmandatario y acusó a Cepeda de instrumentalizar a las víctimas con fines políticos. Además, trasladó el debate hacia la situación actual de seguridad en el país, cuestionando los resultados de la política de “paz total”.
El cruce de declaraciones refleja la profunda polarización que sigue rodeando este tema, más de una década después de los hechos investigados. Mientras sectores reclaman justicia y responsabilidades, otros defienden el contexto de la lucha contra grupos armados durante esos años.
En medio de la controversia, la actualización de la JEP vuelve a poner en primer plano la necesidad de avanzar en verdad, justicia y reparación para miles de víctimas, en un proceso que aún está lejos de cerrarse y que continúa marcando el debate público en Colombia.
.jpg)
0 Comentarios