![]() |
| Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO |
Según el comunicado oficial, la entidad ha abordado los 20 cuerpos recuperados tras la explosión, aplicando procedimientos técnico-científicos que incluyen análisis forenses y verificación de información. Del total de víctimas, 15 corresponden a mujeres y cinco a hombres, sin que hasta el momento se registren menores de edad entre los fallecidos.
“Se ha logrado establecer la identidad de 15 cuerpos que ya fueron entregados a los familiares”, indicó la institución, que destacó el rigor de los procesos y el enfoque en la dignidad humana durante la atención a las víctimas.
Respecto a las cinco personas restantes, Medicina Legal señaló que continúan las labores especializadas para lograr su plena identificación, en coordinación con las autoridades competentes.
El atentado se registró en un corredor estratégico que conecta a Cali con Popayán, cuando una carga explosiva fue activada en medio del tránsito vehicular. La detonación dejó al menos 20 muertos, más de 45 heridos y provocó graves daños en la infraestructura vial, obligando a la suspensión del tránsito en la zona.
Este hecho se produjo en medio de una escalada de violencia en el suroccidente del país. De acuerdo con autoridades militares, en un lapso de dos días se registraron al menos 26 acciones violentas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, incluyendo ataques con explosivos y el uso de drones.
El presidente Gustavo Petro atribuyó el atentado a disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco, a quienes calificó como “terroristas, fascistas y narcotraficantes”, y pidió intensificar su persecución.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó solidaridad con las víctimas y reiteró el compromiso institucional para enfrentar la situación de orden público en la región.
Desde el ámbito local, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, advirtió sobre la gravedad del panorama y solicitó acciones urgentes del Gobierno Nacional. “El Cauca no puede seguir enfrentando solo esta barbarie”, afirmó.
El suroccidente colombiano continúa siendo escenario de disputas entre grupos armados ilegales por el control territorial y de economías ilícitas, especialmente por parte de disidencias de las Farc que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

0 Comentarios