El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que desde el 19 de junio de 2025 se han adoptado acciones “sin precedentes” para blindar la contienda política, incluso antes de la inscripción formal de los precandidatos.
Refuerzo de seguridad tras atentado en 2025
Según explicó el jefe de la cartera política, estas medidas se intensificaron tras el atentado ocurrido el 7 de junio de 2025 contra el entonces senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, hecho que terminó con su muerte y marcó un punto de inflexión en la estrategia de protección electoral.
Desde entonces, el Gobierno ha desplegado un esquema robusto de seguridad que involucra a la Unidad Nacional de Protección y a las fuerzas militares y de Policía.
Despliegue de recursos sin precedentes
De acuerdo con cifras oficiales entregadas por Benedetti, durante las consultas del 8 de marzo de 2026 se asignaron 253 personas de protección, 381 policías, 92 vehículos blindados y 52 vehículos convencionales para garantizar la seguridad de 77 precandidatos presidenciales y vicepresidenciales.
Posteriormente, con el inicio de la campaña formal, el esquema fue ajustado para los 13 candidatos definitivos, incluyendo 100 escoltas, 129 policías, 37 vehículos blindados y 24 vehículos convencionales.
El ministro también indicó que la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales mantiene acompañamiento permanente de la Policía, el Ejército y la Armada en los desplazamientos de campaña en todo el país.
Detalles de las amenazas
Las intimidaciones contra Paloma Valencia se hicieron públicas luego de la circulación en redes sociales de un montaje digital con su imagen en blanco y negro, acompañado de una corona fúnebre y el mensaje “Descanse en paz”, junto a las fechas “1978-2026”.
A este hecho se sumaron actos de vandalismo contra su sede política en Bucaramanga y otros episodios de hostigamiento digital, lo que generó una fuerte reacción en distintos sectores políticos.
La candidata del partido Centro Democrático rechazó las amenazas y reafirmó que continuará con su aspiración presidencial.
“No vamos a parar hasta conseguir una Colombia segura, donde cualquiera pueda expresar lo que piensa sin miedo”, expresó la senadora, quien también agradeció las muestras de solidaridad recibidas.
Entre quienes rechazaron las intimidaciones se encuentran el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el candidato presidencial Iván Cepeda, quienes coincidieron en condenar cualquier forma de violencia en la contienda electoral.
Investigaciones en curso y recompensa
Tras conocerse los hechos, el Ministerio de Defensa reiteró que se mantiene vigente una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de amenazas o ataques contra candidatos presidenciales.
Las autoridades confirmaron que las investigaciones avanzan en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de esclarecer el origen de las intimidaciones y prevenir nuevos hechos de violencia.
Llamado a garantías democráticas
El Gobierno insistió en que el fortalecimiento de la seguridad busca garantizar condiciones equitativas y seguras para todos los candidatos, en un contexto marcado por antecedentes de violencia política.
El caso de Paloma Valencia vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los aspirantes en Colombia y la necesidad de mantener medidas efectivas que aseguren el libre ejercicio de la política de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026.
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