En un comunicado conjunto, las entidades señalaron que la medida judicial fue tomada de manera “excepcionalmente expedita” y sin un debate contradictorio completo, lo que —advirtieron— tiene implicaciones sobre la garantía efectiva de los derechos de los trabajadores y el equilibrio financiero del sistema.
El decreto suspendido buscaba, según el Gobierno, asegurar la coherencia financiera del modelo pensional, estableciendo que los recursos de los trabajadores que se trasladaron al régimen público acompañaran las obligaciones asumidas por Colpensiones. La norma se sustentaba en la Ley 2381 de 2024 y en la Ley 100 de 1994.
Tensión con los fondos privados
Las carteras advirtieron una “clara tensión” con los fondos privados de pensiones, a los que señalan de pretender mantener el control de los ahorros de más de 120.000 trabajadores que decidieron trasladarse al régimen público. A su juicio, esta situación contradice principios como la sostenibilidad, la equidad y la destinación específica de los recursos de la seguridad social.
Pese a la suspensión, el Gobierno reiteró que utilizará todos los mecanismos legales disponibles para defender el interés general, proteger el ahorro pensional y garantizar la estabilidad del sistema.
Recursos ya pensionados sí se mantienen
Los ministerios aclararon que la decisión del Consejo de Estado mantiene vigente el traslado de recursos hacia Colpensiones para cerca de 25.000 personas que ya tienen reconocido su derecho pensional. En ese sentido, instaron a los fondos privados a cumplir sin dilaciones con estas transferencias, con el fin de asegurar el pago oportuno de las mesadas.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fue más crítico y aseguró que la suspensión favorece al capital financiero en detrimento de los trabajadores. “El derecho a una vejez digna es innegociable”, afirmó, al tiempo que insistió en que quienes pagan las pensiones deben contar con los recursos correspondientes.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro también cuestionó la decisión judicial, señalando que limita el traslado de ahorros al sistema público.
El Gobierno insistió en que el debate pensional debe darse con rigor y respeto por el debido proceso, advirtiendo que decisiones apresuradas podrían comprometer la implementación de una reforma estructural clave para millones de colombianos.
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