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La petición fue radicada el 20 de abril de 2026 ante un juzgado de ejecución de penas en Bogotá. La defensa argumenta que Murcia ya cumplió la condena por los mismos hechos en territorio estadounidense, donde aceptó cargos por lavado de activos y permaneció nueve años en prisión, por lo que su actual reclusión en Colombia constituiría una doble sanción.
Debate jurídico por doble juzgamiento
El eje de la solicitud se basa en el principio constitucional que prohíbe juzgar a una persona dos veces por los mismos delitos. Según la defensa, la condena de 30 años que enfrenta en Colombia —por captación masiva y habitual de dinero y lavado de activos— recae sobre hechos ya sancionados en Estados Unidos.
Este argumento ha sido reiterado por Murcia en diferentes acciones judiciales, incluyendo tutelas y solicitudes de revisión, en las que denuncia una vulneración al debido proceso.
Solicitudes previas e indulto humanitario
En octubre de 2025, el empresario también envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando un indulto humanitario. En ella, aseguró que su intención es recuperar la libertad para acompañar a las personas que confiaron en DMG, y cuestionó que, tras más de una década, el Estado no haya devuelto los recursos a los afectados.
Murcia sostiene además que ya ha cumplido las tres quintas partes de la pena, requisito que podría permitirle acceder a beneficios como la libertad condicional. También asegura haber participado en actividades de estudio y trabajo durante su reclusión.
Un caso emblemático en Colombia
El caso DMG fue uno de los escándalos financieros más relevantes del país, al involucrar un esquema de captación masiva de dinero que afectó a miles de personas y generó incluso manifestaciones de apoyo a su fundador.
En su defensa más reciente, Murcia también rechazó señalamientos que lo vinculaban con actividades ilícitas como lavado de dinero para grupos armados, afirmando que nunca existieron pruebas que sustentaran dichas acusaciones.
Decisión en manos de la justicia
Ahora, será la justicia colombiana la encargada de determinar si procede reconocer la pena cumplida en el exterior y conceder la libertad solicitada. El caso reabre el debate sobre la cooperación judicial internacional y los límites del principio de no doble juzgamiento en delitos de carácter transnacional.
La decisión podría marcar un precedente relevante en el tratamiento de condenas cumplidas en el extranjero y su validez dentro del sistema judicial colombiano.
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