El codirector del Banco de la República, César Giraldo, propuso replantear el debate sobre el salario mínimo y la protección social en Colombia, al sugerir la creación de un “contrato social” orientado a integrar a millones de trabajadores que permanecen en la informalidad.
Durante su intervención en el Gran Foro de Protección Social de Asojacas, el economista cuestionó una de las premisas tradicionales del análisis económico: que el aumento del salario mínimo reduce el empleo. Según afirmó, la evidencia en Colombia no respalda esa idea.
“El empleo ha aumentado cuando el salario mínimo ha subido. No sé por qué los economistas dicen que tiene efecto negativo si la realidad da otros resultados”, señaló Giraldo, quien además criticó a sectores técnicos, incluso dentro del propio banco, por mantener esa postura.
Críticas a los enfoques tradicionales
Giraldo sostuvo que existe una desconexión entre los modelos económicos ortodoxos y la realidad del mercado laboral colombiano. A su juicio, el problema radica en que, cuando los datos no coinciden con las teorías, se tiende a cuestionar la realidad en lugar de revisar los modelos.
“El problema de los economistas es que, cuando la realidad no coincide con el modelo, creen que el problema está en la realidad, y eso no es así; es al revés”, afirmó.
En este sentido, insistió en la necesidad de rediseñar las políticas públicas para abordar la informalidad desde una perspectiva más amplia, que no se limite únicamente a variables económicas como el salario o la productividad.
La informalidad como fenómeno político
Uno de los puntos centrales de su planteamiento fue considerar la informalidad laboral no solo como un problema económico, sino también político.
Según Giraldo, la falta de confianza en el Estado es un factor clave que explica por qué millones de trabajadores no se formalizan ni contribuyen al sistema tributario. “Nadie paga impuestos cuando siente que el Estado lo ataca. El vendedor ambulante no va a tributar desde el miedo”, explicó.
Esta visión pone el foco en la legitimidad institucional como elemento determinante para mejorar la formalización laboral en el país, donde más de la mitad de los trabajadores se desempeñan en condiciones informales.
Propuesta de un nuevo contrato social
Frente a este panorama, el codirector planteó la necesidad de construir un contrato social que incluya a los trabajadores informales, especialmente aquellos que no tienen un empleo asalariado tradicional.
La propuesta busca separar la protección social del empleo formal, permitiendo que quienes trabajan por cuenta propia o en condiciones no convencionales accedan a beneficios como salud, pensión y otros mecanismos de seguridad social.
“Protección social para el trabajo no asalariado. Que Colombia salga de la idea del Estado como enemigo”, afirmó Giraldo, destacando que esta estrategia podría fortalecer la inclusión y mejorar la relación entre ciudadanos e instituciones.
Advertencias sobre la crisis fiscal
El economista también abordó la situación fiscal del país, señalando que la actual presión sobre las finanzas públicas tiene raíces estructurales.
Explicó que decisiones adoptadas en el pasado, como trasladar los costos de la protección social al presupuesto general, han incrementado la carga sobre el Estado. A esto se suman factores como el aumento del Sistema General de Participaciones, el crecimiento de la deuda y obligaciones como el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
Según Giraldo, estos elementos limitan el margen de maniobra de los gobiernos actuales y futuros, ya que sus efectos son acumulativos y difíciles de revertir.
Reformas y barreras institucionales
En materia de reformas, el codirector señaló una contradicción en el debate público: mientras se critica al Gobierno por su gasto, también se bloquean las iniciativas para aumentar los ingresos.
“Cuando se presenta una reforma tributaria, se tumba; cuando se propone una ley de financiamiento, también. Y cuando se buscan recursos, se habla de ‘asalto’”, afirmó.
Finalmente, advirtió que existen barreras regulatorias que dificultan el desarrollo de iniciativas productivas, especialmente para pequeños emprendedores. Requisitos técnicos y legales, como los exigidos por entidades sanitarias o normas de contratación, pueden convertirse en obstáculos para la formalización y el crecimiento económico local.
En conjunto, las propuestas de Giraldo apuntan a un cambio estructural en la forma en que Colombia entiende el empleo, la protección social y la relación entre el Estado y los ciudadanos, en un contexto donde la informalidad sigue siendo uno de los principales desafíos económicos y sociales del país.
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