Aunque el mercado ya anticipaba la decisión desde hacía meses, la expedición del decreto —sin modificaciones sustanciales— encendió las alarmas: ordena el traslado de cerca de $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones en un plazo corto, pese a que esos recursos actualmente están invertidos.
Una decisión que desata respuesta unificada
Según asistentes al encuentro, el debate no giró en torno a la conveniencia del decreto, sino a cómo enfrentarlo. La conclusión fue contundente: habrá acciones legales.
El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, aseguró que el gremio activará todos los mecanismos disponibles para proteger el ahorro pensional. La estrategia incluye demandas ante altas cortes, intervenciones institucionales y recursos para frenar la ejecución de la medida.
Desde el sector advierten que no se trata solo de una discusión técnica, sino de un cambio estructural en las reglas del sistema.
Recursos invertidos, no disponibles
Uno de los principales argumentos del gremio es que los recursos no están líquidos. El modelo de ahorro pensional se basa en la inversión a largo plazo, lo que permite generar rendimientos. Actualmente, los fondos administran más de $540 billones, de los cuales cerca del 70% corresponde a ganancias acumuladas.
El decreto, sin embargo, obliga a desmontar inversiones en títulos de deuda, infraestructura y activos internacionales. Según el gremio, esto podría generar pérdidas o trasladar riesgos al sistema financiero.
El presidente de Porvenir, Miguel Largacha Martínez, advirtió que liquidar una suma de esa magnitud en poco tiempo podría afectar seriamente el mercado: caída en precios de activos, presión sobre la deuda pública y desestabilización financiera.
Aunque el Gobierno contempla que parte de los recursos se traslade en títulos, al menos un 30% tendría que convertirse en efectivo, lo que intensifica el riesgo.
Cambio en las reglas del sistema
Más allá del impacto inmediato, los fondos advierten un problema de fondo: el decreto adelanta el momento en que los recursos deben trasladarse, que hasta ahora ocurría únicamente cuando el afiliado se pensionaba.
Este cambio transforma el ahorro de largo plazo en liquidez de corto plazo, lo que, según el gremio, afecta la confianza en el sistema. Para las AFP, la estabilidad de las reglas es clave, ya que millones de afiliados dependen de la previsibilidad del modelo.
Presión fiscal en el trasfondo
El debate también tiene una dimensión fiscal. El régimen público administrado por Colpensiones requiere transferencias cercanas a $35 billones anuales para cubrir sus obligaciones, cifra que sigue en aumento.
En ese contexto, analistas sugieren que los $25 billones representan una fuente inmediata de liquidez para el Estado. El abogado Camilo Cuervo señaló que el país enfrenta una posible presión de caja significativa, lo que explicaría la urgencia de la medida.
Esto abre una discusión más amplia: el uso de recursos pensionales diseñados para el futuro en necesidades del presente.
Fragilidad jurídica y carrera contra el tiempo
El decreto se apoya en la reforma pensional impulsada por el Gobierno, que aún está bajo revisión de la Corte Constitucional. Para expertos, esto representa una debilidad jurídica, ya que se estaría reglamentando una norma que no ha sido plenamente validada.
Sin embargo, el decreto tiene presunción de legalidad, lo que permite su ejecución mientras no sea suspendido. Esto obliga al gremio a actuar con rapidez.
El presidente de Protección, Juan David Correa, reiteró que acudirán a todas las vías legales dentro del Estado de derecho para evitar que la medida se materialice.
Más que un decreto, un debate sobre el futuro
Para el sector privado, lo que está en juego va más allá de un traslado puntual de recursos. Se trata del modelo pensional y de la confianza de los afiliados.
Si las reglas pueden modificarse antes de tiempo, advierten, cambian las expectativas sobre la seguridad del ahorro. En última instancia, el sistema no solo depende de cifras, sino de la garantía de que los recursos ahorrados hoy estarán disponibles en el futuro.
La disputa que comienza no es solo jurídica o financiera: es una discusión de fondo sobre cómo Colombia financiará su vejez en los próximos años.
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