A través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, el mandatario negó que su campaña hubiera superado los límites legales de gasto y cuestionó la competencia del órgano electoral para juzgar el caso.
“Mi campaña no violó topes electorales. No es la oposición, mayoría en el CNE, quien puede juzgarnos”, escribió el jefe de Estado tras conocerse la confirmación de la multa.
La sanción del CNE
El proceso se remonta a investigaciones adelantadas por el CNE sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022. El 27 de noviembre de 2025, el organismo electoral votó —con seis votos a favor y tres en contra— la imposición de una sanción administrativa por presuntamente haber superado los topes de gasto establecidos por la ley.
Según el expediente, la campaña habría excedido el límite permitido en más de 4.400 millones de pesos y habría presentado inconsistencias contables en el reporte de ingresos y egresos.
La multa total supera los 5.000 millones de pesos y recae sobre varios integrantes del equipo directivo de la campaña, entre ellos:
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Ricardo Roa, gerente de la campaña en 2022 y actual presidente de Ecopetrol.
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Lucy Aydeé Mogollón, tesorera.
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María Lucy Soto Caro, auditora.
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Juan Carlos Lemus, también vinculado a la revisión contable.
En detalle, la sanción incluye más de 2.200 millones de pesos por irregularidades en la primera vuelta, cerca de 2.400 millones por otros incumplimientos administrativos, y montos adicionales por presunta financiación ilegal y por sobrepasar topes en la segunda vuelta presidencial.
Recursos rechazados
La defensa presentó recursos para revocar la decisión; sin embargo, la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada desestimó los argumentos y confirmó la resolución.
De esta manera, la sanción quedó en firme en el ámbito administrativo.
Cabe precisar que la decisión no implica la nulidad de la elección presidencial, sino sanciones económicas y eventuales consecuencias individuales para los responsables financieros de la campaña.
Situación judicial de Ricardo Roa
En paralelo, Ricardo Roa enfrenta un panorama judicial complejo. La Fiscalía General de la Nación lo llamó a imputación en procesos relacionados con el manejo financiero de la campaña y en otro caso por presunto tráfico de influencias vinculado a la compra de un inmueble en Bogotá.
Roa ha negado las acusaciones y ha defendido la legalidad de las actuaciones realizadas durante la contienda electoral.
Postura de Colombia Humana
En medio del proceso, el movimiento político Colombia Humana, fundado por el presidente Petro, adoptó una decisión distinta a la del mandatario. Su representante legal comunicó al CNE el desistimiento de los recursos de reposición, aceptando la sanción administrativa impuesta.
Con esta determinación, el movimiento facilitó el cumplimiento de la multa y dio por cerrado el trámite ante la autoridad electoral.
Debate político
La confirmación de la sanción ha reavivado el debate sobre la financiación de campañas en Colombia y el alcance de las competencias del CNE en la vigilancia de los topes electorales.
Mientras el presidente insiste en que no hubo violación de la ley y cuestiona la imparcialidad del organismo, el Consejo sostiene que las pruebas recaudadas durante la investigación acreditan el exceso en los gastos y las inconsistencias contables.
El caso se convierte así en uno de los episodios más sensibles en materia electoral de los últimos años, con implicaciones políticas y jurídicas que continúan generando controversia en el escenario nacional.
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