La crisis sanitaria que enfrentan estos pacientes se ha profundizado en los últimos dos años en Ecuador y, según denuncian organizaciones médicas y pacientes, la reciente disputa comercial con Colombia ha empeorado el panorama. Muchos de los medicamentos e insumos que utilizan en tratamientos de diálisis provienen precisamente del país vecino.
Según la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim), Ecuador importa el 99% de sus insumos médicos, entre equipos, reactivos y dispositivos. De ese total, cerca del 15% llega desde Colombia. La dependencia es aún mayor en las unidades de diálisis: aproximadamente el 70% de los insumos, como filtros, soluciones y catéteres, se adquiere en el mercado colombiano.
Aranceles que agravan el desabastecimiento
El problema se intensificó después de que el Gobierno ecuatoriano elevara los aranceles a ciertos productos provenientes de Colombia, pasando de un 30% a un 50% en apenas un mes. Para el sector médico y empresarial, la medida complica aún más un sistema que ya arrastraba dificultades de abastecimiento.
“La primera tasa arancelaria del 30% ya fue un golpe que intentamos asumir, pero un 50% es imposible”, explica Cristina Murgueitio, representante de Asedim. En enfermedades graves como la renal, el sistema público tiene la obligación legal de garantizar el tratamiento, pero el Estado también fija los precios de compra de los insumos. “Ya existía un desfase en los costos y esto agravará el desabastecimiento, sumado a una deuda millonaria del Estado con las clínicas de diálisis”, advierte.
El gremio ha solicitado una reunión con la vicepresidenta María José Pinto, quien está a cargo del Ministerio de Salud, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.
Para los pacientes, el impacto es inmediato. Un kit de insumos que antes costaba unos 20 dólares puede llegar ahora a 50 dólares. Con tratamientos que requieren tres sesiones de diálisis por semana, el gasto mínimo asciende a 150 dólares solo en insumos básicos, sin incluir medicamentos para enfermedades asociadas como la hipertensión.
“Los pacientes renales sufrimos las consecuencias fatales de esta guerra”, dice Alejandro, con resignación.
El argumento del Gobierno
Desde el Gobierno ecuatoriano, el presidente Daniel Noboa ha defendido la medida al asegurar que responde a razones de seguridad nacional. Según el mandatario, la decisión busca presionar a Colombia para que refuerce el control en la frontera y combata actividades ilegales.
“El incremento es producto de un descuido absoluto en la frontera por parte de Colombia”, afirmó Noboa en una entrevista radial. El presidente sostiene que esa situación obliga a Ecuador a destinar 400 millones de dólares adicionales a la vigilancia fronteriza.
El mandatario también ha minimizado el impacto económico del conflicto comercial, señalando que Ecuador tenía un déficit comercial significativo con Colombia y que las cifras recientes muestran una mejora en la balanza.
Impacto en empresas y empleo
Sin embargo, los gremios empresariales de ambos países advierten que la medida ya está teniendo efectos profundos. Según estimaciones del sector productivo, las importaciones ecuatorianas desde Colombia cayeron un 73% durante los primeros quince días de febrero de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.
Para María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción de Ecuador, la situación pone en riesgo hasta 200.000 empleos y afecta directamente a cerca de 2.000 empresas que dependen del comercio con Colombia.
El campo también paga la factura
La tensión comercial también golpea al campo ecuatoriano. En el cantón de Daule, a una hora de Guayaquil, se cultiva buena parte del arroz que consumen los ecuatorianos y que durante años también se exportó a Colombia.
Ahora, miles de hectáreas sembradas enfrentan un futuro incierto. Segundo Tello, agricultor de la zona, explica que cada cosecha implica endeudarse antes de sembrar. “Ahora no solo dependemos del clima y de los precios, sino también de las decisiones del Gobierno”, afirma.
La crisis también ha paralizado pequeñas industrias. Marco Vinicio Ruiz, dueño de una piladora de arroz, tuvo que detener las máquinas que limpian y procesan el grano. Su planta lleva más de diez días sin actividad.
Ecuador produce alrededor de 700.000 toneladas de arroz al año, de las cuales unas 70.000 toneladas se exportaban a Colombia. Ese excedente ayudaba a estabilizar el precio interno. Tras el conflicto comercial, el valor del producto cayó aún más.
“Esto nos va a desaparecer”, lamenta Ruiz.
Riesgo de contrabando y mayor tensión fronteriza
Dirigentes agrícolas advierten que el conflicto comercial podría tener consecuencias inesperadas en la frontera. Para José Luis García, del Comité de Defensa del Agricultor, las restricciones al comercio formal podrían abrir la puerta al contrabando.
“Los colombianos que durante años han consumido arroz ecuatoriano encontrarán la forma de ingresarlo por las trochas”, afirma.
En paralelo, Colombia ya anunció que tiene listo el borrador de un decreto para igualar el arancel al 50%, lo que podría escalar aún más el conflicto.
Mientras los gremios empresariales presionan por una salida diplomática, pacientes, agricultores y empresarios esperan una señal de distensión entre los gobiernos. Por ahora, esa señal no llega, y la incertidumbre crece a ambos lados de la frontera.
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