Un escolta adscrito al esquema de seguridad de Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes, fue capturado en medio de un operativo contra la presunta compra de votos en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, a pocos días de las elecciones legislativas.
El detenido fue identificado como Luis Alfredo Acuña, quien, según las autoridades, transportaba $145 millones en efectivo y material de propaganda política del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador. La captura se produjo en un contexto de especial vigilancia a posibles delitos electorales, tras directrices del presidente de la República, Gustavo Petro.
El operativo y los hallazgos
De acuerdo con la información preliminar, el escolta fue interceptado cuando se movilizaba en un vehículo particular tipo Toyota Corolla que, según explicó la Unidad Nacional de Protección (UNP), no hace parte del parque automotor oficial asignado a la entidad.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, señaló en declaraciones a medios de comunicación que el detenido sí figura en la nómina de la entidad como integrante de un esquema de protección, pero aclaró que el automotor en el que se transportaba el dinero no está vinculado institucionalmente.
Las autoridades investigan si los recursos incautados tenían como destino la comisión de delitos contra el sufragio, en particular la compra de votos, práctica tipificada en el Código Penal colombiano y que contempla penas de prisión.
Conexiones políticas bajo la lupa
El caso ha generado especial atención por las coincidencias políticas entre el secretario general de la Cámara, el candidato mencionado y el actual senador Carlos Trujillo, quienes pertenecen al mismo sector del Partido Conservador.
Hasta el momento, no se ha informado de investigaciones formales contra los dirigentes políticos mencionados. Sin embargo, el episodio reaviva el debate sobre la influencia de estructuras regionales en procesos electorales, especialmente en departamentos históricamente señalados por riesgos de fraude.
La captura ocurrió cinco días antes de los comicios legislativos, en medio de un ambiente de alta sensibilidad institucional frente a posibles irregularidades.
Orden presidencial contra la compra de votos
Tras conocerse el hecho, el presidente Gustavo Petro reiteró que dio instrucciones directas a la Policía Nacional para intensificar los operativos contra la compra de votos en todo el país.
“La Policía Nacional tiene orden del Presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la Fiscalía por delitos contra el sufragio”, escribió el mandatario en su cuenta oficial en la red social X.
El jefe de Estado sostuvo que este tipo de prácticas socavan la democracia y favorecen la captura del Estado por intereses particulares. “La compra de votos permite que los criminales se adueñen del Estado y de la ley en contra del pueblo”, afirmó.
Debate sobre garantías electorales
El episodio se suma a un ambiente político tenso en el que el presidente también ha cuestionado públicamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil por la pedagogía implementada en torno a las consultas presidenciales previstas para 2026.
Petro ha señalado supuestas irregularidades en la difusión de información en puestos de votación en el exterior y ha cuestionado decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), particularmente la exclusión de algunos aspirantes de procesos de consulta interpartidista.
Entre los casos mencionados por el mandatario está el del senador Iván Cepeda, cuya participación fue descartada por decisión mayoritaria del CNE. El Consejo argumentó que la consulta previa en la que participó era de carácter interpartidista, lo que impedía su inscripción en un nuevo mecanismo similar.
Estas controversias han intensificado el debate sobre la transparencia del sistema electoral, incluyendo cuestionamientos sobre el software de preconteo y escrutinio, así como la necesidad de reforzar controles frente a delitos como la compra de votos.
Investigación en curso
Mientras avanzan las indagaciones judiciales sobre el dinero incautado en Hatonuevo, las autoridades deberán determinar el origen de los recursos, su destino y las posibles responsabilidades penales derivadas del caso.
La Fiscalía General de la Nación será la encargada de establecer si existen méritos para imputar cargos formales al escolta detenido y si hay otras personas involucradas en los hechos.
El caso pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de blindar el proceso electoral frente a prácticas ilegales que afectan la equidad en la contienda y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, especialmente en regiones donde históricamente se han denunciado presiones indebidas sobre el electorado.
Por ahora, la captura del integrante del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara marca uno de los episodios más sensibles en la antesala de las elecciones, en un escenario donde la vigilancia sobre posibles delitos electorales se ha convertido en prioridad nacional.
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