La medida fue establecida mediante una circular de obligatorio cumplimiento expedida por el Ministerio de Minas y Energía, y aplica para todas las estaciones del país, sin distinción entre grandes cadenas, medianas empresas o estaciones independientes. El ajuste responde principalmente a una disminución cercana a los 600 pesos en el componente de “ingreso al productor”, uno de los factores que inciden en la estructura del precio final del combustible.
No obstante, esta reducción se ve parcialmente compensada por incrementos en otros rubros, como el impuesto al carbono, el impuesto nacional y el margen de comercialización minorista. En términos netos, el resultado es una rebaja aproximada de 500 pesos por galón para los consumidores finales.
Exigencias de aplicación inmediata
La circular ministerial establece que los distribuidores minoristas deben reflejar de forma inmediata la reducción en todos los canales visibles y operativos: tableros de precios, surtidores, sistemas de facturación electrónica, reportes al Sistema de Información de Combustibles (Sicom), material publicitario y plataformas digitales. El documento es enfático en que no se permitirá mantener precios anteriores, aplicar valores intermedios o utilizar mecanismos que oculten o fraccionen la rebaja dispuesta por el Gobierno.
La obligación cobija a las principales ciudades del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Montería, Bucaramanga, Villavicencio, Pereira, Manizales, Ibagué, Pasto y Cúcuta, de acuerdo con los precios oficiales definidos para cada localidad.
Operativos y sanciones
En paralelo, el Ministerio de Minas y Energía anunció el inicio de operativos nacionales inmediatos y permanentes de inspección, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de la medida. En caso de incumplimiento, las estaciones podrán ser bloqueadas de manera inmediata en el Sicom, lo que impediría la compra, recepción y comercialización de combustibles.
Adicionalmente, se abrirán procesos administrativos sancionatorios que pueden derivar en multas económicas, la suspensión temporal o incluso la cancelación definitiva de la autorización como distribuidor minorista. Los casos que impliquen posibles afectaciones a los derechos de los consumidores serán remitidos a la Superintendencia de Industria y Comercio, mientras que aquellos con indicios de delito o falta grave podrían escalar a instancias penales o disciplinarias.
La postura del gremio
Frente a este escenario, “Somos Uno”, cuyo vocero es David Jiménez Mejía, expresó su preocupación por lo que considera una aplicación rígida de la norma, que no reconoce la dinámica operativa del sector. El gremio recordó que la mayoría de las estaciones operan bajo la modalidad de “compra en firme” en las plantas mayoristas, lo que implica que cada despacho de combustible es una venta irrevocable a precio fijo.
En ese sentido, los distribuidores minoristas deben agotar primero el inventario existente, adquirido a precios anteriores más altos, antes de poder abastecerse con combustible al nuevo valor reducido. Obligar a trasladar de inmediato la rebaja al consumidor, sin considerar estos inventarios, expone a las estaciones a ventas por debajo del costo de adquisición, es decir, a vender a pérdida.
“Esta situación afecta de manera particular a las pequeñas y medianas estaciones de servicio, que no cuentan con la misma capacidad financiera de las grandes cadenas para absorber pérdidas temporales”, señaló el gremio en su pronunciamiento.
Exigencias para una aplicación justa
Ante este panorama, “Somos Uno” presentó un conjunto de exigencias y recomendaciones para que la reducción del precio se implemente de manera técnica, equilibrada y sostenible:
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Reconocimiento formal de la modalidad de compra en firme como elemento clave para definir el ritmo del ajuste de precios.
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Consideración de los tiempos reales de rotación del inventario antes de exigir el traslado total de la reducción al consumidor.
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Garantía de que ningún distribuidor minorista sea obligado a vender a pérdida, con especial protección para pequeñas y medianas empresas.
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Elaboración de lineamientos oficiales claros que reflejen el funcionamiento real de la cadena de distribución de combustibles.
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Coordinación institucional eficaz entre autoridades regulatorias y entes de control.
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Protección simultánea de la sostenibilidad del sector y de los derechos de los consumidores.
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Procesos de inspección y sanción basados en criterios técnicos, y no únicamente en un enfoque punitivo.
El gremio advirtió que ignorar estas consideraciones podría poner en riesgo la estabilidad financiera de cientos de estaciones en el país, provocar cierres de establecimientos y generar impactos negativos en el empleo y el abastecimiento regional.
Disposición al diálogo
Pese a las preocupaciones, “Somos Uno” reiteró su voluntad de cumplir la regulación vigente y de colaborar con las autoridades. El gremio se mostró dispuesto a participar activamente en los procesos de inspección, así como en espacios de diálogo institucional con el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio.
El objetivo, señaló la organización, es que la reducción del precio de la gasolina se aplique con transparencia, criterios técnicos y claridad operativa, de manera que beneficie tanto a los usuarios finales como a la sostenibilidad del sector que garantiza el suministro de combustibles en todo el territorio nacional.
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