*Miles de manifestantes en más de una veintena de países se movilizaron para rechazar la operación militar israelí que detuvo a 500 activistas de la iniciativa humanitaria. Gobiernos, organismos internacionales y movimientos sociales elevaron su presión diplomática.
La reciente interceptación de la Flotilla Global Sumud, que navegaba con alrededor de 500 activistas de más de 45 nacionalidades rumbo a la Franja de Gaza con el objetivo de entregar ayuda humanitaria, desató una ola de protestas internacionales sin precedentes en los últimos meses. La acción del ejército israelí, que bloqueó los 43 barcos a 70 millas náuticas de la costa gazatí —en aguas internacionales—, fue calificada por los organizadores como un “secuestro” y un “acto de agresión contra civiles desarmados”.
La magnitud de las movilizaciones callejeras, que se iniciaron en Europa y se extendieron rápidamente a América Latina, Asia y África del Norte, refleja la sensibilidad global frente a la crisis humanitaria en Gaza, donde la ONU ha declarado una situación de hambruna que afecta a casi el 90 % de los 2,1 millones de habitantes del enclave.
Protestas en varios continentes
En España, estudiantes encabezaron marchas bajo el lema “Paremos el genocidio al pueblo palestino”, que reunieron a unas 4.000 personas en Madrid. Los organizadores denunciaron la criminalización de la sociedad civil por intentar suplir la inacción de los gobiernos. En Barcelona, ciudad desde donde zarpó la flotilla el pasado 31 de agosto, miles de personas se concentraron contra lo que calificaron como “genocidio israelí”, en una protesta que tuvo que ser contenida por la policía tras intentos de bloquear vías principales.
En Italia, las manifestaciones alcanzaron un punto álgido. Más de 10.000 personas se congregaron en las inmediaciones del Coliseo romano, en una de las protestas más masivas. Los cánticos de “Palestina libre” y “Bloqueemos todo” acompañaron la jornada, mientras la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) convocaba una huelga nacional en todos los sectores, con protestas simultáneas en más de un centenar de ciudades, desde Milán y Bolonia hasta Nápoles, donde se registraron momentos de tensión con la policía en el puerto.
Las movilizaciones también tuvieron eco en Bélgica, Suiza, Grecia, Turquía, Alemania, Francia y Túnez, así como en países latinoamericanos como Chile, Argentina y México. En Bruselas, los manifestantes exigieron una respuesta firme del gobierno y una condena directa a Israel por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, quien había advertido previamente sobre “riesgos innecesarios” de la iniciativa humanitaria.
En América Latina, además de las protestas en las calles, los gobiernos de Chile, Bolivia, México y Colombia expresaron condenas oficiales a la operación israelí.
Reacciones políticas y diplomáticas
La detención de 443 de los 500 tripulantes de la flotilla encendió alarmas en varios gobiernos, que demandaron información sobre la situación de sus connacionales. El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó que la prioridad es proteger la vida de los activistas y urgió a evitar “cualquier daño” contra ellos.
La Comisión Europea recordó que el derecho de navegación en aguas internacionales debe ser respetado y que el carácter humanitario de la misión no podía ser ignorado. En tanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que se revisará si la acción israelí constituye una violación de la legalidad internacional.
Desde América Latina, el presidente chileno, Gabriel Boric, y el boliviano, Luis Arce, calificaron la intervención de “violencia inaceptable”. El gobierno mexicano solicitó la repatriación de seis de sus ciudadanos detenidos, mientras que Colombia rechazó “en los más drásticos términos” el “secuestro en aguas internacionales” de dos de sus nacionales, Luna Barreto y Manuela Bedoya.
“Los gobiernos del mundo deben no solo denunciar, sino tomar medidas alrededor de esto”, afirmó Juan Villalobos, miembro de la delegación colombiana en tierra para la flotilla.
La abogada y docente de la Universidad de los Andes, Juliana Bustamante Reyes, consideró que el episodio marca un punto de inflexión en el conflicto. “El mundo está viendo la arbitrariedad de bloquear ayuda humanitaria. Ni siquiera es un tema político o militar, es un tema humanitario, y la negación de la protesta viola todas las normas del derecho internacional humanitario”, señaló.
Bustamante también advirtió que, si los gobiernos optan por reprimir en lugar de abrir espacios de diálogo, la crisis podría escalar hacia un escenario aún más grave.
Planes de deportación y denuncias de abusos
El gobierno israelí justificó la interceptación al calificar la flotilla como una “provocación”, postura que fue respaldada por Estados Unidos. Según las autoridades, se están adelantando procesos de deportación de los activistas hacia países europeos, principalmente Reino Unido y España.
Sin embargo, los organizadores denunciaron falta de información sobre el paradero de los detenidos, la realización de audiencias de deportación “sin previo aviso” y la ausencia de representación legal para los afectados. Además, señalaron que durante la operación los barcos fueron atacados con cañones de agua, rociados con líquidos contaminados y que sus comunicaciones fueron sistemáticamente bloqueadas.
Para los activistas, la misión no buscaba protagonismo mediático, sino abrir un corredor humanitario hacia Gaza. “Esto no se trata de la flotilla, sino de salvar vidas. Se prevé que a inicios del próximo año salga otra misión, con más barcos y mayor respaldo internacional”, explicó Villalobos.
La iniciativa se da en un contexto de extrema gravedad en Gaza, donde la guerra ha dejado más de 66.000 muertos, la mayoría civiles, y una crisis alimentaria que la ONU describe como la peor en décadas.
“Los pueblos del mundo se están levantando, no los gobiernos”, concluyó Bustamante, al subrayar que la solidaridad global con Palestina podría convertirse en un factor crucial para presionar una salida al conflicto.
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