La relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia enfrenta una nueva tensión tras la publicación de un informe por parte del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes estadounidense. En el documento, se propone una reducción del 50 % en los fondos no militares destinados a Colombia para el año fiscal 2026, citando preocupaciones sobre la gestión de la cooperación por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.
“El Comité observa que la administración Petro no ha utilizado eficazmente la asistencia de Estados Unidos para promover las metas y objetivos comunes”, señala el informe, que aún debe ser aprobado por el Congreso. La propuesta contempla una asignación de aproximadamente 209 millones de dólares, frente a los 377 millones otorgados en 2024. De ese monto, 103 millones estarían dirigidos a programas antidrogas, 67 millones a seguridad nacional y 38 millones al financiamiento militar extranjero.
Entre los argumentos expuestos, el comité destaca el deterioro de la seguridad interna en Colombia, el aumento del consumo de drogas y la falta de garantías para precandidatos en el contexto electoral. El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay fue citado como ejemplo de la creciente volatilidad política.
El informe también expresa inquietudes sobre presuntos abusos de drogas en altos niveles del gobierno colombiano y cuestiona el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalando posibles irregularidades que afectarían el debido proceso y la independencia judicial.
Aunque la propuesta aún debe pasar por votación en la Cámara y el Senado, el tono del informe refleja una pérdida de confianza en la administración Petro por parte de sectores clave del Congreso estadounidense. No obstante, se reconoce que los lazos entre ambos países siguen siendo “profundos y duraderos”, especialmente en materia de cooperación militar y policial.
El recorte presupuestal, de concretarse, marcaría el nivel más bajo de ayuda no militar otorgado a Colombia en dos décadas y podría tener implicaciones significativas en programas sociales, de desarrollo rural y de fortalecimiento institucional. Las próximas semanas serán decisivas para el futuro de esta propuesta y su impacto en la relación bilateral.
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