El Presupuesto General de la Nación para 2027, aprobado por el Congreso en la madrugada del martes 20 de octubre por $634,9 billones, incluyó una controvertida modificación: el traslado de $11.402 millones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al Ministerio de Defensa para contribuir al pago de sentencias judiciales pendientes.
La medida, impulsada mediante una proposición atribuida a la bancada del Centro Democrático, reduce los recursos del programa de fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional de la JEP, destinados a herramientas tecnológicas y administrativas del tribunal creado a partir del Acuerdo de Paz de 2016.
El traslado quedó incorporado en el presupuesto aprobado para la próxima vigencia y reabrió el debate sobre la distribución de los recursos públicos entre el sistema de justicia transicional y las obligaciones judiciales del Estado con integrantes de la fuerza pública y sus familias.
Defensa reporta 850 sentencias pendientes
Durante la discusión presupuestal, el Ministerio de Defensa informó al Congreso que tiene pendientes 850 sentencias ejecutoriadas relacionadas con la muerte de integrantes de la fuerza pública.
Según las cifras citadas en el material de referencia, esas obligaciones ascienden a $685.778 millones: $399.823 millones corresponden a capital, $285.338 millones a intereses y $617 millones a costos jurídicos.
En una respuesta fechada el 8 de septiembre de 2026, la cartera señaló que estaba pagando turnos asignados en 2019. El retraso, que alcanza siete años, fue atribuido a la insuficiencia de las apropiaciones presupuestales durante la última década.
Los atrasos también han representado costos adicionales para el Estado. De acuerdo con el reporte, se habían pagado $114.999 millones en intereses correspondientes a 358 sentencias.
Los $11.402 millones trasladados desde la JEP buscan contribuir a la atención de esas obligaciones, siguiendo el orden de los turnos establecidos. Sin embargo, el monto es inferior al valor total de las sentencias pendientes informado por el Ministerio de Defensa.
¿De dónde salen los recursos de la JEP?
La reducción afecta el programa de apoyo a la gestión institucional de la jurisdicción, una partida que contempla inversiones en soluciones tecnológicas y herramientas administrativas.
Para 2027, la JEP contaba con dos programas de inversión: uno misional, por $22.717 millones, y otro de apoyo a la gestión institucional, por $11.402 millones. Este último quedó sin apropiación tras la modificación aprobada por el Congreso, según el material suministrado.
La controversia se produce mientras la jurisdicción desarrolla sus funciones relacionadas con el Acuerdo de Paz y la justicia transicional. El recorte afecta recursos institucionales, aunque la información disponible no permite establecer por sí sola cuáles actividades concretas deberán aplazarse o reducirse como consecuencia de la decisión.
La argumentación del Centro Democrático
En defensa de la modificación, el Centro Democrático sostuvo que la JEP ha recibido $1,23 billones para inversión desde 2018. Según el argumento expuesto por esa colectividad, la entidad ha reconocido que esos recursos no financian proyectos restaurativos, la ejecución de sanciones propias ni la reparación directa de las víctimas.
El partido también señaló que, al 28 de septiembre, la jurisdicción había comprometido el 62 % de sus recursos.
Estas cifras forman parte de los argumentos utilizados para respaldar el traslado presupuestal. Para valorar su alcance, resulta necesario distinguir entre los recursos apropiados, los comprometidos, los efectivamente ejecutados y las diferentes fuentes de financiación de la entidad.
Defensa también tendrá un mayor presupuesto
El traslado de los $11.402 millones se produce en un contexto de aumento de los recursos asignados al Ministerio de Defensa para 2027.
Según el material de referencia, la cartera tendrá un incremento presupuestal del 16,8 %. Con el ajuste mencionado, su presupuesto de funcionamiento pasaría de $28,262 billones a $28,273 billones.
La decisión enfrenta dos necesidades presupuestales: por un lado, atender las sentencias judiciales que el Estado tiene pendientes con familiares de integrantes de la fuerza pública fallecidos; por otro, garantizar los recursos institucionales de la JEP para el cumplimiento de sus funciones.
El debate sobre la distribución de los recursos quedó incorporado en el presupuesto de 2027, cuya aprobación legislativa se produjo en la madrugada del 20 de octubre y quedó pendiente de sanción presidencial, de acuerdo con el reporte suministrado.
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