La Cámara de Representantes aprobó en la madrugada de este martes 20 de octubre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, por un monto de $634,9 billones, con 112 votos favorables. La decisión acogió el texto avalado previamente por el Senado y dejó la iniciativa lista para la sanción presidencial.
Con la aprobación del Congreso, el Gobierno evita tener que definir el presupuesto mediante decreto. El proyecto fue presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en representación del presidente Abelardo de la Espriella.
Más recursos para inversión
Los ajustes incorporados durante el trámite legislativo redujeron en $8,36 billones los recursos previstos para amortizar la deuda pública. Según el texto, esa modificación permitió incrementar la inversión en cerca de $7,74 billones.
Con la nueva distribución, el pago de obligaciones financieras quedó en $147 billones, mientras que la inversión contará con $94,6 billones. El presupuesto total representa un aumento del 14,2 % frente al aprobado para 2026, y la mayor parte de los recursos se destinará al funcionamiento del Estado.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, afirmó que el presupuesto incorpora $5 billones adicionales para salud y $6,4 billones para el Ministerio de Defensa, en comparación con la propuesta inicial del Gobierno.
“Este presupuesto no es un cheque en blanco. Vamos a vigilar que cada peso se invierta en donde tiene que ser”, manifestó el senador.
Minas, energía y educación, entre los sectores beneficiados
La distribución aprobada contempla $100.000 millones para educación y $3 billones adicionales para el sector de minas y energía. De acuerdo con el material de referencia, el presupuesto del Ministerio de Minas y Energía pasará de $7,5 billones a $10,51 billones.
El articulado también establece que el Gobierno deberá presentar informes trimestrales sobre los recursos disponibles en caja y los gastos de la Nación durante 2027, con el propósito de facilitar el seguimiento a la ejecución presupuestal.
Entre las asignaciones específicas se incluyeron $100.000 millones para la Registraduría Nacional del Estado Civil y una suma equivalente para la Rama Judicial.
Asimismo, se destinaron $11.400 millones para indemnizar a las familias de soldados muertos en combate y $30.000 millones para los gastos de funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.
El Ministerio de Ambiente contará con $26.500 millones para un programa de esterilización de perros y gatos. También se aprobaron $70.000 millones para el gas licuado de petróleo (GLP).
Controversia por la reducción de recursos para la JEP
Uno de los puntos que generó controversia fue la reducción de $11.402 millones en el presupuesto de inversión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Según el material suministrado, esos recursos serían trasladados al Ministerio de Defensa para cubrir indemnizaciones pendientes a familiares de integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional asesinados por las extintas Farc-EP.
La proposición fue atribuida al representante del Centro Democrático Daniel Briceño y contempla el pago de sentencias ejecutoriadas. La modificación abrió interrogantes sobre sus efectos en la financiación de la jurisdicción transicional.
Facultades para trasladar recursos al Fondo Milagro
El articulado también incluyó facultades extraordinarias para que el presidente de la República pueda trasladar excedentes de determinadas partidas al denominado Fondo Milagro.
Esta disposición generó inquietudes por el alcance de las atribuciones del Ejecutivo para modificar la distribución de los recursos durante la ejecución presupuestal.
Durante el trámite en el Senado, 65 artículos que no tenían proposiciones fueron aprobados en bloque. La senadora Jennifer Pedraza solicitó que los artículos 2, 90, 91 y 92 fueran votados por separado, pero finalmente se sometieron a una sola decisión, que obtuvo 58 votos favorables y 15 en contra.
Además, cerca de 800 proposiciones adicionales fueron rechazadas en bloque, según el reporte de la sesión.
La jornada legislativa estuvo marcada también por la salida temporal de integrantes de la bancada liberal, después de declaraciones del presidente De la Espriella relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de recursos en San Andrés.
Con la aprobación del Congreso, el Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó pendiente de sanción presidencial, último paso para completar su trámite legislativo.
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