De la Espriella ordena investigar presuntas irregularidades en la Fuerza Aérea tras denuncias sobre vuelos a Venezuela


*El presidente pidió esclarecer los señalamientos sobre supuestos vuelos clandestinos, posible transporte de estupefacientes en aeronaves oficiales y movimientos de dinero en efectivo. Las acusaciones fueron divulgadas por la revista Semana a partir de declaraciones de la exconsejera presidencial Eva Ferrer.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó al comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, mayor general Juan Jaime Martínez Ossa, adelantar una investigación exhaustiva para esclarecer una serie de denuncias sobre presuntas operaciones irregulares que podrían comprometer a integrantes de esa institución.

El anuncio fue realizado por el mandatario a través de su cuenta en la red social X, luego de que la revista Semana publicara declaraciones de Eva Ferrer, exconsejera de la Presidencia y antigua colaboradora del entorno de Verónica Alcocer, en las que se mencionan supuestas actividades ilegales durante el gobierno anterior.

“He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista SEMANA. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades”, manifestó De la Espriella.

Según el pronunciamiento presidencial, la Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea investigarán al personal actual y anterior de los equipos involucrados en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM).

El jefe de Estado advirtió que, si se comprueba la participación de integrantes de la institución en los hechos denunciados, se tomarán las medidas correspondientes, incluido el llamamiento a calificar servicios, y los involucrados deberán responder ante las autoridades competentes.

¿Cuáles son las denuncias?

Entre los señalamientos divulgados por Semana figuran presuntos vuelos clandestinos hacia Venezuela, el eventual transporte de estupefacientes en aeronaves oficiales, movimientos de dinero en efectivo y posibles conexiones con una red de tráfico de armas.

Ferrer aseguró que algunos desplazamientos al país vecino se habrían realizado durante el gobierno de Gustavo Petro en aviones oficiales asignados a la entonces primera dama. En sus declaraciones también mencionó a personas cercanas a Alcocer y a una de sus colaboradoras.

En una entrevista con la periodista Vicky Dávila, la exconsejera afirmó que existirían fotografías y testimonios relacionados con el supuesto traslado de drogas en esos vuelos. Esos señalamientos, sin embargo, corresponden a su versión de los hechos y requieren verificación por parte de las autoridades.

Ferrer también habló del presunto ingreso desde Venezuela de 2,5 millones de dólares en efectivo, dinero que, según su relato, habría estado destinado a financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer.

Hasta el momento, las declaraciones citadas en la publicación constituyen denuncias que deben ser investigadas. No pueden considerarse, por sí solas, prueba de que las conductas señaladas hayan ocurrido ni de que las personas mencionadas tengan responsabilidad penal.

De la Espriella solicita intervención de organismos judiciales

Además de ordenar la investigación interna en la Fuerza Aérea, el presidente pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y las autoridades de Estados Unidos evaluar la información publicada y adelantar las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias.

“Como presidente de la República, solicito también a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría y a las autoridades de Estados Unidos tomar atenta nota de la información periodística y adelantar, dentro de sus competencias, las investigaciones a que haya lugar”, expresó.

Por su parte, el senador Christian Garcés solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, abrir una investigación de oficio contra Verónica Alcocer, al considerar que los señalamientos divulgados ameritan una evaluación judicial.

La investigación anunciada por el Gobierno deberá establecer si existieron irregularidades en el uso de aeronaves oficiales, movimientos de dinero u otras conductas mencionadas en las denuncias, así como determinar si hay responsabilidades individuales.

Por ahora, la orden presidencial constituye el inicio de las indagaciones anunciadas, no una conclusión sobre la veracidad de los señalamientos.


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