El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó las medidas que su Gobierno prepara para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, evitar un eventual racionamiento de energía y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
En materia energética, el mandatario anunció la conformación de un equipo de respuesta rápida, con plazo hasta el 31 de diciembre, para fortalecer la generación térmica y reducir los riesgos de desabastecimiento eléctrico durante la temporada seca prevista para finales de 2026 y comienzos de 2027.
De la Espriella atribuyó las dificultades de preparación a presuntas fallas de planeación de la administración anterior, encabezada por Gustavo Petro. Según sostuvo, el país no contaba con suficientes reservas ni con un plan de respaldo térmico para afrontar una disminución prolongada de los aportes hídricos a los embalses.
El Gobierno busca anticiparse a una eventual reducción de la generación hidroeléctrica, que podría comprometer el suministro eléctrico si las condiciones climáticas se agravan.
Recursos para la reconstrucción
Sobre la recuperación de las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto, el presidente informó que el Fondo Milagro dispone de un primer billón de pesos para financiar intervenciones en viviendas, colegios, vías y centros de salud.
De acuerdo con el anuncio presidencial, la administración de estos recursos estará a cargo de Jaime Uribe y se buscará que las ayudas lleguen directamente a las comunidades damnificadas, sin intermediarios.
La ejecución de los fondos será determinante para avanzar en la recuperación de la infraestructura y atender las necesidades de las familias que sufrieron las consecuencias de la emergencia.
Banco de talentos: 145 funcionarios vinculados
En relación con la transformación del empleo público, De la Espriella informó que 145 profesionales se han posesionado en diferentes entidades estatales mediante el banco de talentos, mecanismo que su administración presenta como una alternativa a la selección de funcionarios por recomendaciones políticas.
Según el balance divulgado, las vinculaciones incluyen 25 profesionales en el Ministerio de Agricultura, 22 en la Presidencia de la República, 15 en el Departamento Administrativo de la Función Pública, 15 en Vivienda, 12 en Interior y 11 en cada uno de los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores.
Los demás nombramientos corresponden a distintas entidades y carteras, entre ellas Justicia, Minas, Ciencia, Comunicaciones, Hacienda, Prosperidad Social, Transporte, Cultura y Deporte, además del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
El mandatario también anunció la selección de personal independiente para 132 jefaturas de control interno y la apertura de 15 posiciones en el exterior para dirigir oficinas de ProColombia con profesionales residentes en los países de destino.
El Gobierno sostiene que estas medidas buscan priorizar las capacidades y la experiencia profesional en el acceso a cargos públicos.
Balance de seguridad y nuevas medidas contra el terrorismo
Durante su intervención, el jefe de Estado presentó cifras de las operaciones militares y policiales realizadas desde el comienzo de su mandato, el 7 de agosto de 2026.
De acuerdo con el balance divulgado, las autoridades han incautado 125.182 kilogramos de cocaína, 60.101 kilogramos de marihuana y 14.607 kilogramos de pasta base. También reportaron la destrucción de 679 infraestructuras utilizadas para el procesamiento de drogas.
En las operaciones contra organizaciones armadas ilegales, el Gobierno informó de 32.503 capturas, 1.117 afectaciones a estructuras criminales, la neutralización de 33 cabecillas y el decomiso de 3.456 armas de fuego.
Estas cifras corresponden al balance presentado por el Ejecutivo y requieren contrastación con los reportes oficiales de las autoridades competentes.
En el ámbito legislativo, De la Espriella anunció la firma de un decreto relacionado con la regulación de la protesta social y la presentación ante el Congreso de un proyecto de ley para establecer un Estatuto Antiterrorista.
Entre las medidas anunciadas figuran sanciones por el uso de drones en ataques armados, acciones contra las finanzas de quienes respalden actividades violentas y disposiciones frente a bloqueos de vías y sistemas de transporte.
El presidente aseguró que su administración garantizará el derecho a la protesta pacífica, pero advirtió que actuará contra los hechos violentos y las conductas que constituyan delitos.
Los anuncios se producen en un contexto en el que el Gobierno enfrenta simultáneamente los retos de garantizar el abastecimiento energético, acelerar la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto y reforzar su estrategia de seguridad.
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