El Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó frenar preventivamente el giro de $38.724 millones que habían sido postulados ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para el pago de servicios del régimen subsidiado correspondientes a septiembre.
La decisión fue anunciada por Miller Soto, vocero oficial de la Presidencia, luego de una revisión adelantada por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) sobre la información financiera presentada por algunas EPS para solicitar el giro directo de recursos a clínicas, hospitales y proveedores.
De acuerdo con la información suministrada, la medida tiene carácter preventivo y busca evitar el desembolso mientras se verifica la existencia, consistencia y trazabilidad de las obligaciones que sustentan las solicitudes.
Supersalud detectó inconsistencias
El cruce de información realizado por la Supersalud generó alertas relacionadas con los valores y soportes incluidos en las postulaciones correspondientes a septiembre. Entre los aspectos que deberán ser aclarados aparecen valores solicitados superiores a las obligaciones registradas, así como recursos postulados a terceros frente a los cuales no se evidenciaron deudas reconocidas en la información revisada.
La entidad también identificó variaciones significativas frente a los promedios mensuales de causación y giro directo registrados durante 2026, además de debilidades en los mecanismos de control y validación utilizados por algunas EPS antes de presentar las solicitudes ante la Adres.
Otro de los puntos bajo revisión es la insuficiente trazabilidad documental para respaldar algunas de las obligaciones incluidas en las postulaciones.
26 prestadores fueron excluidos temporalmente
Como parte de la actuación preventiva, la Supersalud ordenó excluir temporalmente a 26 prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud de los procesos de giro relacionados con las inconsistencias detectadas.
El valor asociado a estas postulaciones asciende a los mismos $38.724 millones, recursos que permanecerán sin desembolsar mientras se comprueba la información presentada por las entidades responsables.
Las EPS y las instituciones involucradas deberán aportar documentos, explicaciones y soportes para permitir la revisión de los valores reportados y de las obligaciones que los respaldan.
La revisión continuará
Miller Soto señaló que el Gobierno mantendrá suspendido el desembolso hasta comprobar la existencia y el respaldo de las obligaciones reportadas.
“La plata de la salud no es de una EPS, no es de una clínica, no es de un intermediario, es de quien espera una cita, un medicamento o una cirugía”, afirmó el vocero presidencial.
Soto agregó que la suspensión no constituye una autorización definitiva del pago, sino una medida mientras avanza la verificación de la documentación. “Lo que no se demuestre, no se paga”, puntualizó.
La Supersalud informó que continuará requiriendo documentación adicional a las EPS e IPS involucradas y mantendrá la vigilancia sobre el flujo de los recursos del sistema, dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y control.
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