El Gobierno nacional ordenó el aplazamiento temporal de algunos concursos de mérito y procesos de selección para el empleo público, como parte de las medidas adoptadas tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.
La disposición está contenida en el Decreto 1384 de 2026 y tiene como propósito proteger la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo público de las personas que puedan haber resultado afectadas por la emergencia.
De acuerdo con la norma, los procesos de selección que sean aplazados podrán permanecer suspendidos hasta el 31 de diciembre de 2026 y deberán reanudarse a partir del 1 de enero de 2027, en la etapa en la que se encontraban y por el tiempo que reste.
La medida tiene alcance nacional y contempla los procesos en los que las condiciones derivadas de la emergencia puedan afectar la participación de los aspirantes, especialmente de quienes residen en los territorios afectados.
Entre las convocatorias que podrían verse alcanzadas se encuentran el concurso docente, que contempla más de 28.000 vacantes, así como procesos de selección de Corporaciones Autónomas Regionales y de Entidades del Orden Nacional, con más de 1.000 y 1.600 puestos, respectivamente.
Sin embargo, el aplazamiento no opera de manera automática para todas las convocatorias.
La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) deberá analizar las condiciones particulares de cada proceso bajo su competencia y determinar si corresponde suspenderlo, aplazar alguna de sus etapas o mantener el cronograma establecido.
El decreto también permite aplazar pruebas escritas y otras actividades cuando su realización pueda poner en riesgo los derechos de los participantes residentes en zonas afectadas por la emergencia.
En aquellos casos en los que una entidad considere que puede continuar con determinada etapa sin afectar la igualdad de acceso ni los derechos de los aspirantes, deberá justificar esa decisión.
Asimismo, las entidades que pretendan abrir nuevos concursos durante el periodo de emergencia tendrán que explicar, en el acto administrativo correspondiente, las razones por las cuales la convocatoria no vulnera las garantías de los posibles participantes afectados.
La norma contempla además disposiciones para atender las vacantes absolutas que se presenten en departamentos cobijados por la emergencia. Cuando corresponda, el director nacional de la entidad podrá remitir una terna al gobernador respectivo para la designación, y cuando esta no pueda concretarse bajo las condiciones establecidas, la vacante podrá ser cubierta mediante encargo.
Algunas convocatorias mantienen su cronograma
La CNSC informó que no todos los procesos de selección fueron detenidos. Entre ellos se encuentran las convocatorias de Entidades del Orden Nacional y Corpomojana, cuyos aspirantes mantienen la jornada de pruebas escritas programada para el 13 de septiembre de 2026.
La Comisión explicó que previamente había evaluado las condiciones de las ciudades en las que se realizarán los exámenes y verificó que los lugares establecidos ofrecieran garantías para el desarrollo de la jornada.
En Santiago de Cali, además, la prueba había sido reprogramada con anterioridad, como resultado de la evaluación de las condiciones necesarias para su realización.
Otro proceso que continúa es el de Entidades del Orden Territorial y de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), que reúne más de 1.400 vacantes. Actualmente avanza en la etapa de verificación de requisitos mínimos y los resultados de los aspirantes que podrán continuar hacia las pruebas están previstos para enero de 2027.
La CNSC indicó que continuará revisando las diferentes convocatorias para determinar cuáles pueden avanzar y cuáles requieren aplazamiento, teniendo en cuenta los principios de igualdad, mérito y publicidad.
Entre los procesos cuya situación aún debe definirse figura la convocatoria Dian 2676, cuyas pruebas escritas estaban previstas para finales de 2026, además del concurso docente, que tenía programado su periodo de inscripciones entre noviembre y diciembre.
El Gobierno señaló que las medidas adoptadas en el marco de la emergencia buscan facilitar la movilización de recursos hacia las regiones afectadas, mantener la prestación de los servicios públicos, acelerar la recuperación de la infraestructura y garantizar la continuidad educativa de niños y jóvenes.
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