El beneficio, contemplado en el artículo 76 de la reforma pensional, estuvo vigente durante dos años y permitió el traslado de mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y hombres con 900 semanas, siempre que previamente recibieran la doble asesoría obligatoria para evaluar cuál régimen les ofrecía mejores condiciones.
Aunque el balance definitivo se conocerá en los próximos días, las cifras disponibles muestran que solo una parte de los afiliados habilitados decidió acogerse al mecanismo.
De acuerdo con Asofondos, con corte al 15 de junio se registraban más de 272.000 solicitudes de doble asesoría y se habían concretado 153.392 traslados entre Colpensiones y los fondos privados. Cerca del 90 % de esos cambios correspondieron a afiliados que pasaron de las AFP hacia Colpensiones.
Por su parte, Colpensiones estimó que 1.033.019 personas cumplían los requisitos para acogerse a la medida. Hasta el 31 de mayo, 265.626 afiliados habían solicitado la doble asesoría y 149.745 presentaron formalmente la solicitud de traslado, de las cuales 148.609 fueron aprobadas.
Las estadísticas también evidencian que miles de trabajadores, tras recibir la doble asesoría, optaron por permanecer en el régimen en el que ya se encontraban, al considerar que era la alternativa más favorable para su situación pensional.
Según Asofondos, aproximadamente ocho de cada diez trabajadores obtienen mayores beneficios permaneciendo en un fondo privado, debido a que pueden pensionarse con menos semanas de cotización o acceder a una mejor devolución de sus aportes si no alcanzan los requisitos para obtener una pensión.
Continúa la disputa por los recursos
El cierre de la ventana de traslado no pone fin a la controversia jurídica derivada de la reforma pensional.
El Gobierno expidió en abril de este año el Decreto 415 de 2026, mediante el cual ordenó trasladar a Colpensiones los recursos correspondientes a los afiliados que cambiaron de régimen, argumentando que esa entidad asumió el riesgo pensional de dichos trabajadores.
Sin embargo, Asofondos sostiene que la Ley 2381 establece que esos recursos deben permanecer bajo administración de las AFP hasta que los afiliados adquieran efectivamente el derecho a la pensión. El gremio asegura que la controversia involucra cerca de 25 billones de pesos, cuyo destino será definido por el Consejo de Estado.
Mientras tanto, la Corte Constitucional continúa estudiando la constitucionalidad de la reforma pensional, por lo que las decisiones de mayor impacto sobre el nuevo sistema aún permanecen pendientes.
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